Al borde de la lágrima, pañuelo en mano y con una puesta en escena que no convenció a nadie, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, expresó su pesar: “no podemos aceptar un recorte presupuestal, porque lamentablemente la consecuencia directa de asfixiar (financieramente, desde luego) al Poder Judicial de la Federación es colocar a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, en el entendido, dijo (y nadie le creyó), que “el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no puede ser negociable” (sic y recontra sic). Por ello, estiró la mano y solicita cerca de 85 mil millones del erario para que sus deseos se cumplan y se nulifiquen sus oscuros presagios.
Llegó la hora de repartir el pastel de los dineros públicos (a más tardar el próximo 8 de septiembre el Ejecutivo federal, vía la Secretaría de Hacienda, debe presentar a la Cámara de Diputados su paquete económico para el ejercicio 2024, que incluye la propuesta de presupuesto de egresos de la federación) y, como es tradición por estas fechas, en el jaloneo de la cobija tirios y troyanos se pelean hasta el último centavo, y en estas artes el Poder Judicial de la Federación –con la ministra Piña a la cabeza– no podía quedar fuera, alza la mano y grita: ¡Presente! ¿En serio el Ejecutivo –que se limita a incorporar al presupuesto de egresos las peticiones de los ramos autónomos, como el Poder Judicial– y la Cámara de Diputados –única legalmente autorizada para aprobar, modificar o rechazar tal presupuesto– pretenden “asfixiar” financieramente a Norma Piña y a sus siempre austeros cuan cumplidores muchachos? (nunca dispuestos a ceder un solo centavo, porque “la justicia no puede ser negociable”, según dice la ministra presidenta, aunque de ello hay sobradas pruebas en contra).
La ministra Peña se queja amargamente del intento de “asfixia”, pero un botón de muestra (las cifras son de la Secretaría de Hacienda) clarifica el tema: sólo en el transcurso de la presente administración gubernamental (2019-2023) el Poder Judicial ha recibido recursos públicos por un acumulado superior a 353 mil millones de pesos, y si se suma (y aprueba) la petición para 2024, el saldo aumentaría a cerca de 438 mil millones. ¡Qué “asfixia”! ¿Qué representa esa cantidad? El 109 por ciento del presupuesto público canalizado a la Secretaría de Educación Pública para el ejercicio fiscal 2023, o casi 10 veces el asignado a la Universidad Nacional Autónoma de México y 22 tantos el autorizado al Politécnico Nacional. Si se prefiere, la “asfixia” (Piña dixit) acumulada del Poder Judicial de la Federación equivale a 2.4 veces el presupuesto de 2023 para la Secretaría de Salud y así por el estilo.
Entonces, sólo en el sexenio de la 4-T (de aprobarse tal cual los recursos solicitados por Norma Piña para 2024), el Poder Judicial de la Federación a los mexicanos les ha costado y costará, en promedio, más de 200 mil pesos cada 24 horas, incluidos sábados, domingos y días festivos, lo que ni de lejos parece un intento de “asfixia”, sin dejar de lado que, contrario a lo que dice la quejosa, el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia sí es negociable y muy redituable para los integrantes de ese “poder autónomo”.
Por cierto, eso del “acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no puede ser negociable”, es una muestra de humor negro para justificar el brutal rezago del Poder Judicial de la Federación: más de 500 mil casos “pendientes” de resolución, lo que contrasta con la rapidez con la que ministros, magistrados y jueces resuelven si hay “motivaciones” económicas y políticas de por medio. Por ejemplo, las decisiones del ministro Luis María Aguilar Morales: a los gobiernos panista y priísta de Chihuahua y Coahuila, respectivamente, los amparó en cinco y tres días, en cada caso, para evitar la distribución de los libros de texto gratuitos, o para que el SAT cobre el adeudo fiscal de Ricardo Salinas Pliego, van ocho meses de retraso (y contando), congeladora de por medio. Entonces, el lacrimoso reclamo de la ministra Norma Piña no convence.
Las rebanadas del pastel
Monumento a la ignorancia y oda al cretinismo: “nuestros niños no necesitan el Kamasutra escondido en los libros de texto gratuitos”, corean los participantes en la escuálida Marcha Nacional en Defensa de la Educación, a todas luces defensores de la sábana con agujerito.
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