Cuando funcionarios del gobierno de Peña Nieto negociaron el T-MEC con Canadá y Estados Unidos, dejaron a la 4T una bomba de tiempo que ya ha estallado. El equipo de transición de AMLO, a pesar de advertencias, cedió el quedar atado a un periodo de tres años a partir de la entrada en vigor del T-MEC, durante el cual iba a poder ser demandado por empresas trasnacionales bajo las reglas del capítulo 11 del TLCAN, que hacen a México uno de los cinco países más demandados del mundo (“El TLCAN está vigente en el T-MEC”, La Jornada, 1/8/22).
Bajo advertencia no hay engaño. Empresas alentadas por abogados que actúan como aves de carroña han aprovechado la cláusula de legado del TLCAN, antes de que ésta caducara el 1º de julio pasado. Un alud de 10 demandas inversionista-Estado se han registrado en el Ciadi, del Banco Mundial, contra México en tan sólo de enero a julio de este año. Un récord mundial.
Dentro de estas demandas se incluyen cuatro de industrias extractivas (las mineras canadienses Goldgroup Resources y First Majestic Silver –ésta por segunda vez–, la minera estadunidense Silver Bull Resources y las petroleras también estadounidenses Enerfelx Holdings y Exterran Energy Solutions). Se incluyen dos demandas de las financieras estadunidenses Amerra Capital y JP Morgan y la más reciente por Cyrus and Contrarian Capital. Otras demandas interpuestas por empresas estadunidenses este año incluyen la de parquímetros Sepadeve International, del empresario ferrocarrilero Mario Noriega Willars, de la dulcera Arbor Confection y de Access Business Group (ABG). Ésta, como hemos reportado en La Jornada (21/11/22), reclama más de 3 mil millones de dólares por la decisión del gobierno mexicano de hacer cumplir el decreto de 1939 de Lázaro Cárdenas de devolver las tierras del ejido San Isidro, en Jalisco, ocupadas por la explotadora y contaminante empresa Amway-Nutrilite (cuyo dueño es ABG), a campesinos y trabajadores rurales.
Estos casos se suman a 15 demandas pendientes más contra México (interpuestas entre 2015 y 2022). Suman reclamos por hasta 11 mil 361 millones de dólares (cálculos propios con base en información de Ciadi e IA Reporter). Esta cifra puede ser mucho mayor, ya que no se cuenta con información de los montos de seis estas demandas. Se tienen que sumar además, los enormes gastos del erario que se deben desembolsar para el pago de costosos despachos de abogados e incluso de las cuotas que cobran el Ciadi y los miembros de los tribunales.
Once mil 361 millones de dólares son unos 193 mil millones de pesos, mucho más que los 108 mil millones de pesos destinados a Apoyo al Campo y cercana a los 231 mil millones de pesos dedicados al Fomento Económico y Medio Ambiente (https://tinyurl.com/2p8nzka7).
Dada la falta de transparencia y la coraza con que funciona el sistema de arbitraje en favor de inversionistas, es más que loable cuando organizaciones sociales y comunitarias generan acciones de incidencia al exponer agravios a derechos humanos a escala local, sirviendo como referencia para campañas globales para desmontar sistemas que apuntalan al capitalismo trasnacional, como el régimen de arreglos de disputas inversionista-Estado.
En muchos casos se dan fallos en favor de los estados gracias a la acción local y la solidaridad internacional; desde la “guerra del agua”, cuando el pueblo de Cochabamba, Bolivia, venció a la multinacional Bechtel en 2000, hasta la más reciente prohibición de la minería metálica cuando el pueblo salvadoreño logró que su país venciera en el Ciadi a la australiana-canadiense Oceana Gold-Pacific Rim, en 2015.
Ahora luchan comunidades de Playa del Carmen. En Washington, en junio, Quetzal Tzab Gonzáles, representante de residentes de comunidades indígenas y marginalizadas de Playa del Carmen, y el abogado ambientalista Raúl Benet presentaron al tribunal del caso Vulcan LLC contra México en el Ciadi un amicus curiae, el cual fue aceptado el 13 de julio e incluye la acción colectiva contra Calizas Industriales del Carmen (Calica) SA de CV y Rancho Piedra Caliza SA de CV. Este hecho casi inédito contrasta con la tendencia de los tribunales del Ciadi de negar la recepción de amicus curiae por comunidades afectadas, como sucedió en el caso Odyssey vs México y en otros casos en el mundo. El tribunal ha decidido que “las partes (incluyendo la empresa y el gobierno de México) podrán proveer cualquier escrito acerca de la carta (de las comunidades del Playa del Carmen) que les fue entregada el 30 de junio de 2023, el próximo 24 de septiembre, de acuerdo con el calendario procesal”(https://tinyurl.com/4tx6m6uj).
El gobierno actual, en particular López Obrador, enfrentan al caso de Calica con firmeza, pero el grueso de las demandas contra México las tendrá que resolver el próximo gobierno. Sería deseable que en lo que resta de la esta administración se elaborara una hoja de ruta para plantear el comienzo de la derogación de tratados bilaterales de inversión, asegurar que no haya un capítulo de inversiones en el “modernizado” TLCUEM, y derogar el anexo 14-E en el T-MEC que permite que sigamos siendo demandados cuando se toman medidas para la protección de la salud de comunidades y del ambiente. Es un tema urgente de tratar en el seno de la Celac.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y asociado del Transnational Institute (www.tni.org)
