La relación entre el crimen y la política es estrecha y permanente. Un referente bien conocido es el libro de Hans Magnus Enzensberger: Política y delito.

Sirva una definición antigua y explícita del delito citada en ese libro. Es de Thomas Hobbes (1558-1679). Lo concibe como una acción apartada de lo justo o de lo debido que comete quien, sea de hecho o de palabra, hace lo que prohíbe la ley, o igualmente, deja de hacer lo que ella manda. Cabe, pues, hablar de delitos sólo donde hay ley.

La relación que así se establece es claramente problemática por las consecuencias que de ella se derivan. Una expresión intensa se da entre el asesinato y la política, relación que ubica Canetti en los cimientos mismos del poder, que lleva al hecho de que, finalmente, quien detenta el poder es el superviviente. La relación del crimen y el poder está muy presente en el curso de la historia y aparece claramente en la actualidad. En ciertas circunstancias se vincula con lo que Enzensberger llama la “industria de las conciencias”, que consigue establecer una idea que encapsula las características que definen una época.

Advierte que, no obstante, es más fácil desprenderse de una mercancía que de la verdad y que los hechos violentos, los crímenes políticos en general, no envejecen, sino que se vuelven contra nosotros, obligando a una revisión de las ideologías y de las mismas relaciones humanas. La reciente película de Christopher Nolan sobre Oppenheimer podría verse como una muestra del sentido histórico, político, científico y, en definitivo, humano de Hiroshima.

Un rasgo esencial del delito en el terreno de lo político es, como advierte Enzensberger, cuando la criminalidad se organiza y se enquista dentro de las estructuras del Estado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos admite que el crimen político carece de suficiente refinamiento conceptual. Define a un criminal político como un individuo que comete un acto ilegal diseñado para atacar la estructura social y provocar así una reorganización del sistema.

El ex presidente Trump está imputado legalmente, tanto en el orden federal como del estado de Georgia. Se le acusa de delitos de asociación delictiva y conspiración; de promover en los estados de Georgia y Arizona tácticas de desinformación; de intentar forzar al vicepresidente Pence para que no certificara la elección presidencial de 2020 e incitar a sus seguidores a los motines en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

En Georgia, se ha acusado en el caso a 19 personas, con un total de 41 cargos criminales. El marco de la acusación es la ley federal contra el crimen organizado, denominada RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), promulgada en 1970 y que se ha aplicado en casos contra la pandilla de motociclistas Hells Angels, contra el jefe de la familia Genovese de la mafia en Nueva York, o contra Bernie Madoff por fraudes financieros.

Es relevante cómo se ha planteado este caso judicial contra Trump. La foto oficial al ser fichado por la policía del condado de Fulton es un claro mensaje político para sus adeptos, digna del histrionismo del personaje. La acusación penal contra Trump es otro aspecto del sustancioso concepto antes señalado de la industria de las conciencias que atañe a muchos de sus seguidores, para los que el marco de ley representa una forma de persecución política.

El entorno es el que caracteriza a la pugna sobre la judicialización de la política y su reverso, la politización de la justicia que se extiende hoy en muchos países.

En España estalló otro asunto emblemático de la relación estrecha entre el delito y el poder. Se trata del poder institucional en el campo del deporte, que ha desbordado ese ámbito hasta convertirse en una cuestión social y de la política nacional.

Luis Rubiales, que dirige la Federación Española de Futbol, se exhibió, como se ha detallado ya múltiples veces, en actos soeces y de carácter machista durante la celebración del reciente campeonato mundial de futbol femenil que ganó el equipo español.

La tocada de “cojones” en el palco oficial y el beso no consentido a una jugadora son por demás expresivos de su conducta. Su descolocada autodefensa en la asamblea de la federación en la que acusó al “falso feminismo”, lo denominó como “lacra social” y se negó a dimitir de su puesto, exhiben la situación a las claras.

Su delito se asocia directamente con su posición de poder. Su defensa, perfecta muestra del modelo machista, fue aplaudido por los asistentes, mostrando así la naturaleza arraigada del fenómeno en una sociedad en la que existe una ley, controvertida sí, que enmarca los delitos de índole sexual y tipifica la cuestión del consentimiento de la víctima.

Rubiales, en su encendido discurso y sin ningún pudor, pero con muy mal gusto, se presentó como víctima. Semejaba un tipo que quiere salir manoteando de las arenas movedizas y consigue, en cambio, ahogarse. Desató ya una marea de reacciones en su contra. Ha sido una muy pobre exhibición de carácter; una perversa modalidad argumentativa que servirá como una referencia típica.

Un caso más de la industria de las conciencias; un asunto de derechos de igualdad en proceso intenso de transformación, endeble todavía, pero que no puede detenerse. Se expresa ya en el lema “Se acabó”, por ahora una demanda con mucha resistencia por delante.

El delito de poder está sólidamente instalado. El machismo se asienta firme y ampliamente en la sociedad. Máriam Martínez-Bascuñán citó al respecto unas nociones planteadas por Martha Nussbaum que vale señalar aquí también por su pertinencia. Habla de “ciudadelas de la soberbia” y de modo más adecuado aun en este caso del “vicio consistente en creerse por encima de los demás y en pensar que las demás personas no son del todo reales”.