En el país, en los últimos 20 años, la cantidad de automóviles particulares y motocicletas ha tenido un crecimiento exponencial, al tiempo que el transporte público ha aumentado sólo 2 por ciento, por lo que es necesario que las autoridades actualicen pronto sus legislaciones y definan cómo mejorar este aspecto en los años próximos.

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Daniel Fajardo Ortiz, señaló lo anterior y agregó que en la actualidad sólo nueve entidades federativas ya aprobaron sus normas de transporte, movilidad y seguridad vial.

En entrevista con este medio, señaló que las autoridades están promoviendo el avance de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, creada a partir de la ley general en la materia, aprobada en mayo del año pasado, tras la reforma constitucional de 2020, en la que se estableció la movilidad como derecho humano.

“En 20 años, el parque vehicular de autos particulares se triplicó en México, de 17 millones en 2001 a 53 millones en 2021, lo que nos coloca como uno de los países que más tiene este tipo de crecimiento extraordinario. Por otra parte, las motos casi se cuadruplicaron en 10 años, de 1.3 millones en 2011 a 6 millones de 2021”, enfatizó.

Al contrario, la flota de transporte público sólo creció 2 por ciento, lo cual es “muy insuficiente” y deja claro que en todo el país existe la “inercia de que cada quien resuelva su problema de movilidad como pueda, con sus propias uñas, ya sea comprando más vehículos particulares o en un transporte público muy deteriorado”.

Uno de los aspectos más preocupantes, resaltó Fajardo, es el de los accidentes de tránsito, en los que fallecieron 344 mil personas entre 2001 y 2021 (promedio anual de 17 mil 200), y que en términos económicos significan pérdidas de 204 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 1.1 por ciento del producto interno bruto.

En ese marco, señaló que tras los avances normativos en este gobierno, en la siguiente administración se deberán poner en marcha las leyes que promuevan y regulen un mejor transporte público, incluyendo medidas que revisen las concesiones que se hayan entregado “bajo esquemas de corrupción”, en las cuales se amparan grupos que “están obstaculizando” cualquier intento de mejoría.