Un grupo de académicos e investigadores dio a conocer una carta en la cual llamó a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a realizar diversos cambios normativos que consideran necesarios para hacer más democrática la toma de decisiones en la máxima casa de estudios y resolver los problemas de la institución.

En el documento, que reunió más de 150 firmas de apoyo y fue lanzado por el historiador Enrique Semo y la bióloga Rosaura Ruiz, los docentes subrayaron que “las crecientes iniciativas de democratización planteadas por la propia comunidad universitaria tienen total sentido y requieren ser atendidas con ahínco, compromiso y responsabilidad social”.

Luego de señalar que el próximo rector o rectora debe mostrar su compromiso con la paridad de género, externaron la necesidad de que se convoque a los universitarios “a través de los consejos de área para delinear una propuesta de inclusión de su comunidad estudiantil, personal académico y administrativo en la toma de decisiones”.

Destacaron que buena parte de las tareas de docencia en bachillerato y licenciatura están a cargo de profesores de asignatura, para los cuales “las condiciones laborales y la remuneración asociada son insatisfactorias e insuficientes. Es esencial encontrar alternativas económicamente sustentables y laboralmente convenientes” para ellos.

Además, “es relevante garantizar alternativas para un retiro digno de la planta académica de mayor antigüedad que quiera optar por esta posibilidad, y ampliar las vías para la incorporación de jóvenes académicos con la debida formación y vocación”.

De igual manera, los firmantes llamaron a la UNAM a participar en la resolución de “los grandes problemas nacionales” y proponer alternativas “para elevar la igualdad en una nación de extrema disparidad, promover la autosuficiencia en materia de alimentación y atender la problemática del agua y los impactos del cambio climático”.

La rectoría 2023-2027 “deberá comprometerse a encabezar los trabajos de revisión, complementación y actualización de la legislación universitaria, que es la que dispone y ordena la participación democrática de la comunidad, para colmar los vacíos existentes, propiciar la participación activa de estudiantes y profesores en los asuntos internos, y eliminar las disposiciones que han caducado”.