La salida de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) se debió a “irregularidades” en el censo para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Funcionarios consultados por este diario señalaron que la ex comisionada “fue relegada” desde que iniciaron las actividades del censo, por lo menos desde inicios de junio pasado, y la renuncia le fue solicitada por “autoridades más arriba de Gobernación”.
Colectivos de personas desaparecidas señalaron que el levantamiento del censo se lleva a cabo “de manera unilateral”, sin conocer la metodología y por “el personal de las fiscalías estatales y servidores de la nación, quienes sin la mayor sensibilidad” acuden casa por casa a consultar a las familias.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) apuntó en redes sociales que la terminación anticipada del mandato de Quintana “no debe traducirse en una regresión o poner en riesgo lo alcanzado en materia de política pública, diseño institucional, bases de datos y registros para la búsqueda de personas”.
Al señalar que la desaparición de personas “no merece rupturas o retrocesos”, enfatizó que en el proceso para designar al próximo titular de la CNB deben participar las víctimas.
Martín Villalobos, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México (MNDM), manifestó que “genera incertidumbre la falta de información” sobre la metodología del censo y “es preocupante” por el hecho de que “en algún momento se nos informe de una disminución drástica” del registro de más de 110 mil desaparecidos.
“No existe una claridad en torno el procedimiento, si hubo capacitación para las personas que llegan a las casas de las familias a preguntar y qué bases han tenido para tener indicios de que quizás esté con vida (la persona desaparecida)”, expuso.
En entrevista, el también miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda opinó que la renuncia de Quintana se da “de manera muy acelerada y abrupta”, sin que hubiera de por medio un proceso de entrega-recepción para que los familiares de personas desaparecidas y colectivos conocieran de primera mano los resultados obtenidos durante su gestión.
José Ugalde Mejía, del colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro, mencionó que en su momento personal de las fiscalías estatales o servidores de la nación llegan a los domicilios de las familias de manera sorpresiva, “diciendo que su pariente se vacunó contra el covid-19 en otra entidad, sin proporcionarles mayor información y resultaba que es un homónimo”.
Uno de estos casos es el de Ivette Flores Román, quien desapareció el 24 de octubre de 2012, comentó Juan Carlos Gutiérrez, coordinador jurídico de Idheas. Relató que la madre de la joven recibió un correo electrónico en el que se le notificó que su hija se aplicó la primera dosis de la vacuna en julio de 2021. Sin embargo no existe evidencia de que haya sido localizada.
