El 15 de agosto se conmemoró el décimo aniversario de la firma del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CMPD), el instrumento internacional más progresista en derechos humanos. Se firmó en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en agosto de 2013, en el contexto de la presidencia de José Alberto Mujica Cordano, mejor conocido como Pepe Mujica.
Con el enfoque de desarrollo que ha caracterizado a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y al Fondo de Población de Naciones Unidas en el consenso (CMPD) se identificaron medidas prioritarias que se agregan a los derechos universales. México cuenta con un comité nacional para la implementación y seguimiento del CMPD, desde Conapo se coordina a 30 instituciones federales, 32 consejos estatales de población, organizaciones de la sociedad civil, de la academia e integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. La política de población del gobierno de México tiene perspectiva de derechos humanos, intercultural y de género, y se centra en mejorar la calidad de vida de los niños, adolescentes y jóvenes, de los adultos mayores, con discapacidad, migrantes, de quienes integran la comunidad LGBTI+, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Aprovechando el décimo aniversario se presentaron los avances del segundo informe nacional, que será presentado en la quinta reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional, en noviembre de 2023, en Cochabamba.
El informe de México reporta 148 indicadores, cambios jurídicos sustantivos y la operación de 143 programas. Refiero aquí algunos programas. Del capítulo sobre integración plena de la población en el desarrollo sostenible con igualdad se destaca el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente de municipios indígenas, afromexicanos o con grados de marginación. El Programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) hijos de Madres Trabajadoras entregó 484 mil apoyos económicos beneficiando a 512 mil 933 NNA. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanza 11 millones 586 mil 671 derechohabientes. El Programa Sembrando Vida cuenta con un padrón de 550 mil sujetos de derechos que recibieron recursos por trabajar sus unidades de producción en 1.1 millones de hectáreas. Hay además una estrategia para entregar certificados parcelarios como títulos de propiedad a mujeres rurales e indígenas.
En el apartado sobre Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, adolescentes y jóvenes se incrementaron en 8 por ciento las becas de Educación Inicial y Básica Comunitaria en 202 Centros de Atención Infantil (CAI/SEP). En la Red de NNA impulsores de la Transformación participan 7 mil en los foros OpiNNa. La reforma del 2019 al artículo 3 constitucional ordena que los planes de estudios tengan una perspectiva de género e incluyan la educación sexual y reproductiva, reconozcan la diversidad lingüística, histórica, intercultural, territorial y sexual como parte de una formación integral. Son reformas que se plasmaron en los programas y libros de texto. La reforma al artículo 4 constitucional establece un sistema de becas para estudiantes para quienes pertenecen a las familias en condición de pobreza: las becas de media superior alcanzan más de 4 millones de beneficiarios, hay también para nivel universitario, Jóvenes Escribiendo el Futuro; se abrieron 145 Universidades Benito Juárez y se han otorgado servicios de educación media superior y superior a 1.4 millones de jóvenes con la modalidad no escolarizada. En la pospandemia se logró recuperar a 90 por ciento la cobertura de educación básica, llega a 73 por ciento la de media superior y alcanza a 34 por ciento de jóvenes la de educación superior. En cuanto a igualdad de género se contemplan logros relativos a reclamos históricos de las luchas feministas: la paridad en todo en la reforma constitucional de 2019 aseguró que la mitad de los cargos de decisión sean para mujeres. El debate en congresos locales llevó a despenalizar el aborto en 11 estados del país. Se creó el modelo de tipo penal de feminicidio y el de sanción, protocolos para la atención y protección integral de las mujeres que viven violencias, hostigamiento y acoso sexual.
El capítulo sobre pueblos indígenas resalta la Ley del Pueblos Indígenas como marco para construir una nueva relación horizontal del Estado con los pueblos indígenas y afromexicanos. El catálogo ha registrado 9 mil 63 solicitudes de comunidades indígenas y afromexicanas. Las 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Camia) brindan atención y apoyo con pertinencia cultural, lingüística y perspectiva de género, prevención de violencias y promoción de los derechos sexuales para todas, además de erradicar las uniones y maternidades infantiles.
Los retos son mayúsculos y el compromiso de México con el Consenso de Montevideo se confirma en la gran inversión de recursos humanos, materiales y financieros relacionados con las medidas prioritarias de esta importante agenda regional.
* Secretaria general del Consejo Nacional de Población.
Twitter: @CONAPO_mx / @GabrielaRodr108
