Ante la renuncia de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano mantener la “buena fe y el rigor técnico” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del país.

Asimismo hizo un llamado al gobierno de México para mantener “la calidad técnica en la nueva designación y la independencia e institucionalidad” de la CNB, luego de que anunció que la Secretaría de Gobernación convocará a un proceso para sustituir a Quintana.

“Los Estados deben asegurar el registro adecuado, preciso y confiable de personas desaparecidas, de cuerpos y restos óseos no identificados, que contribuya con la adopción de medidas para la realización de búsqueda eficaz”, indicó la Comisión a través de sus redes sociales.

Por separado, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda manifestó su preocupación “por la incertidumbre”que la renuncia de Quintana genera, pues –señaló- resalta “las graves y persistentes deficiencias institucionales en la atención de la crisis de desapariciones” que afecta al país.

En un pronunciamiento dado a conocer la noche de este viernes, apuntó que la renuncia se da “en medio de la disputa” por el número de personas desaparecidas en México.

“Las cifras del RNPDNO son alarmantes: en México desaparecen cada día en promedio 27 personas y, desde la llamada “guerra contra el narco” en 2006, más de 100 mil personas han sido reportadas como desaparecidas.

El Consejo, conformado por familiares de víctimas, especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, también mencionó que tanto en el Registro Nacional como en el censo, prevalece la opacidad en torno a la metodología de su integración, “lo que lesiona los derechos a la búsqueda de las personas desaparecidas, la verdad, la memoria y la justicia”.

Por ello, enfatizó, “es crucial” que el gobierno mexicano tenga comunicación con las familias de desaparecidos.

En este sentido, el organismo ciudadano hizo un llamado a emitir a la brevedad “con carácter de urgente” la convocatoria para que se realice el proceso para elegir a la nueva persona titular de la Comisión.

Ello con base en lo establecido en los artículos 51 y 52 en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, “asegurando la participación conjunta de las familias en todo el proceso y una consulta pública, transparente e informada”.