Managua. La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús condenó enérgicamente ayer la decisión del gobierno de Nicaragua de declarar ilegal a la congregación jesuita y confiscarle sus bienes, al tiempo que demandó al presidente Daniel Ortega que “cese la represión” en ese país.

En una declaración, difundida ayer en redes sociales, los jesuitas centroamericanos manifestaron desde su sede en San Salvador que la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua se realizó “sin dar oportunidad a la legítima defensa”.

Se llevó a cabo “sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”, agregó el informe, tras señalar que múltiples asociaciones no gubernamentales fueron clausuradas en los años recientes con procedimientos similares.

En su comunicado, la entidad religiosa pidió a Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo “cesar la represión” y que acepten buscar “una solución racional” a la crisis en Nicaragua, “en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto de los derechos humanos (y) el estado de derecho”.

También demandó a ambos líderes respeto a “la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos”.

La cancelación de la Compañía de Jesús en Nicaragua fue anunciada días después del ciere y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), la más prestigiosa del país, cuyos bienes muebles e inmuebles también fueron confiscados.

El gobierno acusó a la universidad de ser un “centro de ‘terrorismo’”, en referencia a las protestas estudiantiles que estallaron en abril de 2018.

Las medidas contra los jesuitas en Nicaragua tienen lugar en medio de una tensa relación entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica, uno de sus obispos, monseñor Rolando Álvarez, cumple una condena de más de 26 años de prisión tras ser acusado de “conspiración”, un cargo imputado a centenares de opositores “presos políticos”.

El cierre de la UCA, que afectó a más de 5 mil alumnos y cientos de empleados universitarios, motivó una protesta de las autoridades jesuitas de América Latina y ha sido criticado en duros términos por los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Chile.