Guatemala. Un tribunal de Guatemala condenó ayer a 20 años de cárcel a Juan Ovalle, ex jefe del ejército, y absolvió a ocho ex paramilitares por la matanza de 25 indígenas, la mayoría niños, durante la dictadura de Efraín Ríos Montt en la guerra civil (1960-1996).

“Se impone al sentenciado (...) la pena mínima de 20 años de prisión inconmutables”, dictó el juez Walter Mazariegos, presidente del tribunal capitalino, al condenar por delitos de lesa humanidad al teniente coronel retirado Ovalle, de 81 años. El togado absolvió a dos ex comisionados militares y seis ex patrulleros de autodefensa civil (paramilitares) tras el juicio que se inició en junio pasado.

La matanza ocurrió el 29 de julio de 1982 en el caserío Rancho Bejuco, del norteño municipio de Santa Cruz El Chol, cuando soldados y patrulleros civiles encerraron a un grupo de pobladores en una vivienda y les lanzaron explosivos. El hecho fue una represalia luego de que los hombres de la comunidad maya achí negaron a unirse a las patrullas de autodefensa organizadas por el ejército para enfrentar a los grupos guerrilleros de izquierda, indicaron querellantes en el proceso.

Las víctimas fueron 17 menores, cuyas edades rondaban entre los ocho meses y los 17 años, además de ocho adultos, cuyas edades estaban entre 20 y 52 años.

“No es justo lo que hicieron, no es justo que le quitaran la vida a toda la familia”, declaró a la agencia noticiosa Afp antes de la sentencia Pedrina Alvarado, de 65 años, quien perdió a sus padres, tres hermanos, a su esposo y a su hija pequeña en la matanza.

“No son animales, a los pobres niños los mataron”, agregó la mujer ataviada de colorida vestimenta maya y quien, junto con otros familiares y activistas, realizó una ceremonia con velas y flores frente al edificio de tribunales.

La guerra civil de 36 años dejó 200 mil muertos y desaparecidos, 93 por ciento responsabilidad de las fuerzas del Estado, según el reporte de la Organización de Naciones Unidas.

Ordena la CIDH proteger la vida de Arévalo y Herrera

En el terreno electoral del país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos en los comicios del pasado domingo, para que se resguarde su vida e integridad personal dado que su equipo habría tenido información “preocupante sobre un plan para asesinarlo” con participación de agentes estatales y civiles.

“Alegaron que, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado Colosio, apellido del mexicano y candidato del PRI asesinado en 1994, el cual se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, dice la resolución de la Comisión, con sede en Washington.

En su fallo, la CIDH ordena al Estado guatemalteco adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y seguridad de ambos políticos y a sus representantes. También pide que informe sobre las acciones realizadas sobre los hechos.