Chihuahua, Chih. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, encabezó este jueves un acto de disculpa pública en nombre del Estado mexicano en el palacio de gobierno de Chihuahua, sobre el caso de Mirey Trueba Arciniega, joven que fue asesinado por efectivos militares en la avenida principal del seccional Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, en 1998.

El caso “Trueba Arciniega y otros vs. México”, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó a México a implementar medidas de reparación, se refiere a la ejecución extrajudicial de Mirey Trueba, de 20 años de edad, el 22 de agosto de 1998, por parte de miembros del Ejército Mexicano, homicidio en el que se violaron los derechos a la vida y a las garantías judiciales debido al uso de la justicia penal militar para la investigación.

“La tranquilidad de Baborigame se vio interrumpida, primero por la presencia del narcotráfico, y luego por la presencia masiva del Ejército Mexicano, que ocuparon la zona como si fuera un escenario de guerra; la ejecución extrajudicial de este joven no fue un hecho aislado; su historia terrible se repite a lo largo de la nación mexicana; el recuerdo de Mirey es un llamado para que hechos como estos no se repitan jamás”, reconoció el gobierno de México en un video presentado como parte del acto.

Familiares de Trueba Arciniega estuvieron en la primera fila del salón 25 de Marzo del palacio de gobierno de Chihuahua para escuchar la disculpa pública y el reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado mexicano.

“Ofrecemos, honesta y sentidamente, una disculpa pública a la memoria de Mirey, a su madre, a su padre, a su hermano y a sus demás familiares, porque el Estado mexicano no pudo proteger su vida e integridad. Ofrezco una sentida disculpa pública a la memoria de Mirey, y asumimos que las autoridades debemos asumir nuestras responsabilidades para atender todo aquello que competa con garantizar los derechos a la vida”, asumió Alejandro Encinas públicamente.

El funcionario añadió que el Estado mexicano guarda un compromiso real con los procesos de reparación integral, por lo que ayer se dignificó la memoria de Trueba Arciniega y su familia.

“Hoy el Estado mexicano encara con firmeza el esclarecimiento de los hechos, el fortalecimiento institucional de las fuerzas armadas, que busca cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No somos el Estado del pasado. Nuestro compromiso, como lo ha señalado el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) es con el pueblo de México, es un compromiso real; para ello trabajamos en la protección del pueblo. La verdadera confrontación es contra la violencia y contra la impunidad, para evitar que los jóvenes sean víctimas de la violencia institucional o delictiva”, apuntó.

Encinas Rodríguez adelantó que el actual gobierno federal seguirá trabajando por defender los derechos humanos y garantizar la dignidad en la vida de todas las personas, protegiendo a todos los seres humanos que viven o radican en el país de cualquier amenaza al ejercicio pleno de sus derechos.

El subsecretario asimismo reconoció la responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos ocasionados por la ejecución extrajudicial de Mirey, y reiteró la necesidad de fortalecer las salvaguardas en términos de regulación, capacitación, dotación y vigilancia para prevenir privaciones arbitrarias del derecho a la vida como consecuencia del uso de la fuerza.

El acto se llevó a cabo de conformidad con el Acuerdo de Solución Amistosa Homologado a Sentencia por la CIDH, y en cumplimiento del rubro de reparaciones en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Entre otros asistentes al acto figuraron el general Ángel Primitivo Flores González, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional; Marcela Martino Aguilar, subdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; Néstor Manuel Armendáriz Loya, comisionado estatal de Derechos Humanos de Chihuahua; Rosalinda Salinas Durán, directora de casos de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Martha Yuriria Rodríguez Estrada, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas; y Enrique Irazoque Palazuelos, director de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván no participó en el acto de disculpa porque viajó al municipio de San Francisco de Conchos a inaugurar obras de pavimentación. Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, acudió en su representación.