Managua. Nicaragua canceló ayer la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús, con lo que todos sus bienes pasan al Estado, una semana después de haberle confiscado una universidad por acusaciones de “terrorismo”.

En una nueva acción contra la Iglesia católica, una resolución del ministerio de Gobernación privó de personalidad jurídica a la orden jesuita, con el argumento de que no reportó sus estados financieros entre 2020 y 2022 ni los detalles de ingresos y egresos, además de que “tenía su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020”.

El gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, mantiene una conflictiva relación con la Iglesia católica y varios religiosos han sido acusados en tribunales.

La resolución, firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch y publicada en el diario oficial, denunció los presuntos incumplimientos de la Compañía de Jesús y señaló además que la orden religiosa no promueve “políticas de transparencia en el control y manejo de la asociación” ni de la revisión de las mismas por las autoridades.

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, que representa a los jesuitas en la región, afirmó que no se dio oportunidad a la orden en Nicaragua de una “legítima defensa” y que no existe una autoridad imparcial que frene lo que llamó “abusos de autoridad”.

Hace una semana, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) suspendió sus actividades luego de que un tribunal de Managua ordenó la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.

Al menos dos colegios privados en Managua, el Loyola y el Centroamérica, eran manejados por la Compañía de Jesús, la misma orden a la que pertenece el papa Francisco. Además, los jesuitas gestionaban varias escuelas gratuitas o de bajo costo en el país.

Estados Unidos condenó la confiscación de bienes de la UCA en lo que consideró una “continua represión de figuras e instituciones religiosas” del gobierno nicaragüense.