Madrid. El gobierno de El Salvador liberó al menos a 7 mil personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción, como parte de los esfuerzos de las autoridades del país centroamericano por combatir a las pandillas.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, detalló que esta cifra representa cerca de 10 por ciento de poco más de 72 mil arrestados.

“Esto quiere decir que el sistema de justicia está funcionando”, aseguró Villatoro en una entrevista para el Canal 21 publicada ayer en el periódico La Prensa Gráfica. También indicó que tanto la policía como la Fiscalía están supervisando estos casos.

Durante el periodo del estado de excepción, el gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios que se requiera.

En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho a la defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en materia de telecomunicación.

La Organización de Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han externado su preocupación en reiteradas ocasiones por “las graves evidencias” de violaciones a los derechos humanos desde el 27 de marzo del año pasado, cuando el gobierno del país centroamericano ordenó aplicar la medida.