Oaxaca, Oax. El incumplimiento de las demandas centrales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha advertido sobre el inicio de un paro de labores en los primeros días de septiembre; el aumento de delitos de alto impacto como feminicidios y homicidios dolosos; la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, de la tierra y el territorio en el Istmo de Tehuantepec, la violencia que afecta a la región triqui, son las problemáticas que han ido creciendo durante el gobierno de Salomón Jara Cruz, que el próximo primero de septiembre cumplirá nueve meses.

De acuerdo con la profesora Yenni Pérez Martínez, secretaria de la sección 22 de la CNTE, hasta ahora la asamblea estatal del gremio ha considerado nulas las respuestas que les ha dado la administración encabezada por el morenista.

Si bien reconoció que ha habido algunos ofrecimientos favorables para la CNTE, no forman parte de los puntos centrales del pliego petitorio; además, el pasado 14 de agosto reprobó que la mayoría de las mesas de trabajo que se han realizado con el gobierno estatal han sido “dilatorias”.

En este sentido, la dirigente magisterial refirió que el mandato de la asamblea es claro y será en los próximos días cuando se defina el día exacto del comienzo del paro laboral, en el que se realizarán dos movilizaciones.

La primera, a nivel estatal con la participación de 80 por ciento de los 83 mil integrantes de la sección 22, mientras el otro 20 por ciento de los trabajadores de la educación oaxaqueños se movilizarán a la Ciudad de México pues, puntualizó, “los derechos se defienden, gobierne quien gobierne”.

Los mentores realizaron movilizaciones durante los meses de mayo y junio, entre ellas tres suspensiones de actividades. La primera fue de 24 horas; la segunda de 48 y la tercera de 72, con el fin de exigir al gobierno de Jara Cruz respuestas puntuales a sus planteamientos; sin embargo, al no ser así, los profesores comenzarán un paro laboral el primero de septiembre.

Otro problema que se ha incrementado en Oaxaca son los feminicidios. Según el Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), del primero de diciembre a la fecha se han cometido 79. El caso más reciente se documentó el pasado 16 de agosto.

Sin embargo, la administración estatal aseguró que entre enero y junio se perpetraron sólo 25 feminicidios, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la comisión, de enero a julio, de 35 asesinatos de ese tipo.

Activistas y defensoras de los derechos de la mujer han señalado al gobierno estatal de falta de justicia al mantener en la impunidad innumerables delitos; además, señalan inacción de las autoridades estatales y la fiscalía.

Acusan que las cifras del gobierno están “maquilladas”, lo que envía un mensaje de impunidad hacia los agresores; muestra de ello es el caso de Donato Vargas, coordinador de delegados de paz de la Secretaría de Gobierno.

Este funcionario tiene una denuncia por violencia familiar en su contra, la que no avanza en la FGE, pues ha sido defendido por Jara Cruz.

Desde diciembre pasado, la criminalización de defensores de derechos humanos y de la tierra y el territorio ha ido en aumento, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, donde se construye el Corredor Interoceánico.

Algunos de los activistas que se oponen a este proyecto han sido denostados tanto por el gobernador Salomón Jara como por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, en las conferencias de prensa de los lunes y en las de gabinete de seguridad.

En julio tuvo lugar la Misión Civil de Observación, conformada por 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, quienes atestiguaron diversas violaciones a derechos humanos.

La misión concluyó que “en la ejecución del corredor están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas” por parte de autoridades estatales y federales.

En este caso, el agente de Puente Madera, David Hernández Salazar, fue detenido por su oposición a la instalación de un polo de desarrollo en el Monte del Pitayal, proyecto que es rechazado por los comuneros de la localidad; le imputaron el presunto delito de ataque a las vías de comunicación.

Otro conflicto que persiste en la presente administración estatal es la falta de un relleno sanitario; el problema se inició en octubre de 2022 por el cierre del vertedero ubicado en la Villa de Zaachila, en el que depositaban sus residuos 26 municipios conurbados a la capital del estado.

Al inicio de su gestión, durante una conferencia de prensa, el mandatario morenista mencionó que le había dado 40 días a Romero López para resolver la situación; sin embargo, casi nueve meses después no hay visos de que eso suceda.

El 17 de abril, Salomón Jara presentó el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (Cirrsu), que sería instalado en San Lorenzo Albarradas, municipio ubicado a más de 60 kilómetros de la capital del estado.

En un principio las autoridades locales dieron su aval al proyecto; no obstante, días después lo rechazaron debido a que la asamblea del ayuntamiento no estaba de acuerdo.

Esto enfureció al gobernador, quien acusó a actores ajenos a la comunidad y principalmente al panista Luis Olivera, presidente de San Pablo Villa de Mitla (demarcación vecina), de boicotear el proyecto.

A la fecha no se cuenta con un lugar para la construcción de dicho centro; no obstante, el Ejecutivo estatal asegura que no solo se construirá este, sino otros para resolver el problema de la disposición final de basura en las ocho regiones del estado.

Según datos de la FGE, de enero a junio se han cometido 559 homicidios dolosos; el mes de mayor violencia fue junio, cuando se perpetraron 104; del total de víctimas, 480 son adultos; 22, adolescentes; cuatro, infantes, y en 53 casos se desconoce.

De estos crímenes, la institución precisó que 462 se cometieron con armas de fuego, 56 con arma blanca, 40 con otro elemento y en uno de los casos no se especificó; las regiones con el mayor índice de homicidios dolosos son el Istmo de Tehuantepec, la Costa, los Valles Centrales, la Sierra Sur y la Mixteca.

El pasado 6 de agosto, en su conferencia semanal, Jara Cruz atacó a la periodista oaxaqueña María de los Ángeles Nivón por haber publicado en su portal informativo una columna en la que daba cuenta del incremento de la violencia en Oaxaca.

La comunicadora presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por lo que considera una campaña de intimidación en su contra.

El hecho violento más reciente ocurrió apenas el pasado martes: Manuel Guzmán, ex presidente municipal de Putla Villa de Guerrero, fue ultimado a balazos por un desconocido que lo atacó fuera de un taller mecánico de esa localidad, en la Sierra Sur de la entidad.