Yadira Medina, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, aseguró que el proceso para la integración e impresión de los libros de texto gratuitos fue “ilegal” y “carece de relevancia jurídica”, ya que no se elaboraron conforme a los planes y programas vigentes.

Esta semana, la juzgadora concedió el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia contra la distribución de los ejemplares.

En su sentencia, determinó que las autoridades educativas federales sometan a “deliberación democrática” los materiales para el próximo ciclo escolar 2023-2024.

Argumentó que los libros primero se imprimieron, luego se aprobaron y posteriormente la Secretaría de Educación Pública (SEP) divulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los planes de estudio para prescolar, primaria y secundaria, así como los programas sintéticos que se impartirán a 24.4 millones de niños y adolescentes en todo el país, cuándo esto último tenía que haberse hecho al principio.

Sostuvo que este punto es de relevancia mayúscula, porque la disposición de los materiales al inicio del ciclo escolar – el próximo día 28– no significa que todo se elabore y apruebe días antes.

El procedimiento de elaboración de los textos debe garantizar la participación de todos los actores públicos y sociales, como las autoridades federal y estatales, padres de familia, organizaciones sociales y especialistas, señaló la jueza.

Detalló que el seguimiento lógico del procedimiento prevé que las propuestas de programas educativos se sometan a discusión pública, incluso cómo los realizaron las autoridades responsables, para después, ya aprobados, se elaboren, editen e impriman los libros de texto.

Con su actuación, subrayó, las autoridades dejan “en inseguridad jurídica” a los destinatarios de la enseñanza, “pues no se tiene certeza de que la educación impartida a los niños y adolescentes sea acorde con los principios y fines constitucionales y legales”.

Argumentó que las autoridades educativas “no probaron que capacitaron a los docentes del país para que conocieran” los planes de estudio, “y que integraron dichos planes conforme a las formalidades respectivas, como la propuesta de cada entidad federativa, en su caso, acorde con el proyecto educativo de la Nueva Escuela Mexicana, que prevé una educación global, contextual y comunitaria”.