Senadores y diputados instalaron el grupo de trabajo encargado de elaborar el dictamen sobre la nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que deben aprobar en el próximo periodo que se inicia en septiembre, ya que la Suprema Corte los urgió nuevamente a hacerlo, toda vez que está pendiente desde hace seis años.
En la reunión de las comisiones de Justicia de ambas cámaras, que presiden la senadora Olga Sánchez Cordero (Morena) y el diputado Felipe Fernando Macías (PAN), se resaltó que esa ley es parte fundamental de la agenda del nuevo periodo ordinario de sesiones que está por iniciarse.
El coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez, resaltó que la mediación podrá hacer más pronta, expedita y económica la solución de conflictos civiles, familiares y mercantiles.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, recordó que en 2017 se facultó constitucionalmente al Congreso para crear una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con lo que se homologarían los instrumentos que ya existen en diferentes entidades legislativas.
Sin embargo, recalcó, hasta la fecha no se ha trabajado en la normativa, por lo que “estamos en una omisión legislativa”, como lo determinó hace un par de semanas la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Nosotros tenemos la gran responsabilidad de dar una respuesta en la creación de esta ley”.
Expuso que se propone un procedimiento sencillo, basado en la voluntad, la prontitud, la honestidad, la confidencialidad, la cooperación, la comprensión, la negociación, la tolerancia y el diálogo. Recordó que recientemente el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, le comentó el caso de dos familias confrontadas por un asunto doméstico que terminó con el asesinato de tres personas y el encarcelamiento de los agresores.
A través de la mediación, recalcó, se habría evitado esa tragedia para ambas familias.
Al respecto, el diputado Macías expuso que la ley permitirá atajar conflictos comunes que pueden escalar en hechos violentos y que las partes interesadas puedan gestionar sus diferencias de manera pacífica, lo que, además, les ahorrará tiempo y dinero.
Procedimientos ágiles
Ese grupo de trabajo será coordinado por la diputada Aleida Alavez (Morena), quien destacó que los esfuerzos de ese cuerpo colegiado se respaldarán en foros que previamente se realizaron en diversas partes del país, donde han participado y aportado valiosas opiniones académicos, legisladores, jueces, magistrados y ciudadanía en general.
Hizo notar que si bien “existe una habilitación constitucional amplia al Congreso, al mismo tiempo nos alerta sobre lo especialmente cuidadosos que debemos ser al confeccionar y, eventualmente, expedir esta nueva legislación, sobre todo porque se trata de derechos que implican que se desarrollen procedimientos no jurisdiccionales ágiles, pero sobre todo efectivos, que permitan a las partes involucradas en una controversia, sea cual sea su naturaleza siempre y cuando no sea materia penal, buscar y construir una solución”.
