El gobierno federal presentó una galería de jueces y magistrados cuyo desempeño está en entredicho por sus resoluciones que han permitido la liberación de secuestradores, pederastas y otros integrantes del crimen organizado, mediante sentencias que han modificado decisiones anteriores. El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, informó que debido a la gravedad de sus actuaciones se interpusieron denuncias penales o quejas ante el Consejo de la Judicatura.

Entre los personajes de la galería destaca el juez segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, Ernesto Vladimir Tavera, quien revisó el caso de secuestro, tortura y asesinato del hijo del poeta y activista Javier Sicilia. El 18 de agosto, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social recibió la resolución de Tavera, en la que comunica la sentencia absolutoria a seis presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco, hijo del poeta. Ordenó su inmediata libertad respecto del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

“Tenemos cinco casos de jueces con denuncia penal y/o queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, ocho casos de jueces cuyas resoluciones fueron impugnadas por el Ministerio Público y algunas resueltas favorablemente por el tribunal de alzada, ocho casos de magistrados y jueces que ante la comisión de delitos graves se oponen a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar”, expuso.

En la conferencia presidencial matutina, al presentarse el informe quincenal sobre seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que en este sexenio se han desactivado mil 931 laboratorios para elaborar drogas químicas y decomisado 105.2 toneladas de metanfetaminas, así como mil 208.24 toneladas de sustancias químicas. La afectación a la delincuencia organizada se calcula en 1.7 billones de pesos.

Asimismo, reportó que en esta administración se desactivaron 2 mil 803 artefactos explosivos improvisados, que utiliza el crimen organizado para delimitar su territorio e impedir el acceso de otras bandas o para contener a las fuerzas de seguridad. Esas armas han provocado heridas a 77 elementos. Son bombas elaboradas con pólvora comercial, siguiendo tutoriales que existen en redes sociales. Michoacán, con mil 411; Guanajuato, 396 y Jalisco, con 121, son las entidades en las que se han inmovilizado más explosivos.

En cuanto al reporte de Rodríguez Bucio sobre el desempeño de jueces y magistrados, se informó que el encargado de control en Coahuila, José Luis Hernández, enfrenta una denuncia penal y dos quejas ante el Consejo de la Judicatura. En relación con el caso de la tragedia en la mina El Pinabete, donde quedaron atrapados 10 mineros, el juez decretó la no vinculación a proceso de dos imputados por el delito de explotación ilícita de bienes nacionales.

Los magistrados Martín Soto Ortiz y Rafael Remes Ojeda, así como el secretario Ricardo Reyes González, todos ellos del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, se han opuesto a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar ante la comisión de delitos graves.