La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmar la validez de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación, “ya que cumple con garantizar el derecho humano a la ciencia y su orientación para la resolución de los problemas nacionales, como establece la reforma constitucional de 2019”.
En su consideración, la controversia promovida desde la mesa directiva de la Cámara de Diputados –entonces encabezada por Santiago Creel– pretende revertir una reforma que cumple con las necesidades nacionales en la materia. Es decir, responde al mandato constitucional de orientar la creación científica nacional hacia la satisfacción de las necesidades sociales y el desarrollo nacional.
La postura del Ejecutivo federal enfatiza que esta disposición “salvaguarda las libertades de investigación, de cátedra y de expresión, necesarias para el desarrollo democrático de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación”.
La postura de la Consejería Jurídica refiere que en el pasado, a través del anterior Conacyt, entregó recursos públicos por un total de 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de México, SA de CV, para supuestamente desarrollar programas de investigación con el fin de mejorar la calidad de pañales y el papel higiénico, sin que realmente hubiera un beneficio para el país.
Además, “al reasignar miles de millones de pesos –que eran dilapidados en empresas privadas, incluso trasnacionales como Monsanto o Coca-Cola, o mediante subsidios a pequeñas élites oligárquicas que vivían del erario– se evita el dispendio de recursos públicos, como ocurría en gobiernos anteriores.” A través de los 91 fideicomisos se entregaron, a fondo perdido y sin justificación, alrededor de 42 mil millones de pesos a la iniciativa privada, indica.
La reforma permitirá vincular la producción científica con las políticas públicas para la atención de los principales programas sociales en materias como seguridad, pobreza o salud.
