Bogotá. Odebrecht, la multinacional de la construcción que consiguió multimillonarios contratos en toda América Latina aprovechándose de la codicia de la mayoría de gobernantes y políticos corruptos de la región, da sus últimos coletazos en Colombia llevándose por delante al menos a dos ex mandatarios, dos ex candidatos presidenciales, un ex fiscal general y al empresario más poderoso del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo.

El regreso del “caso Odebrecht” a la escena noticiosa nacional ha desatado una batalla campal entre los implicados, que hasta hace poco estaban tranquilos, pues sus expedientes dormían el sueño de los justos, celosamente custodiados por el fiscal general, Francisco Barbosa.

El actual jefe del ente acusador había recibido las investigaciones debidamente congeladas de manos de su antecesor, Nestor Humberto Martínez, implicado hasta el cuello en esta trama de corrupción que él mismo intentó tapar con argucias legales y uno que otro crimen aún por esclarecerse en los estrados judiciales.

Tuvo que ser la justicia estadunidense la encargada de descubrir y revelar el entramado de sobornos que salpica al ex presidente Álvaro Uribe por contratos asignados a Odebrecht durante sus dos mandatos (2002-2010), al ex presidente Juan Manuel Santos por los mismos cargos y también por la financiación de la multinacional a su campaña, así como al ex aspirante a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, quien hace un par de semanas admitió ante los medios de comunicación que su campaña recibió de la constructora brasileña al menos 1.6 millones de dólares en 2014.

Efecto bumerán

El “culpable” de la reaparición del caso fue, paradójicamente, Sarmiento Angulo, quien anunció con bombo y platillos –a través de medios de su propiedad como el diario El Tiempo– que el grupo Aval, su principal empresa, había llegado a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos para cerrar los expedientes abiertos en 2018.

El pasado 10 de agosto Sarmiento Angulo vendió la idea de que los pagos de 40 millones de dólares a la Comisión de Valores de Estados Unidos, y de otros 40 millones al Departamento de Justicia, no implicaban que el grupo Aval hubiera reconocido la ejecución de sobornos y otras prácticas corruptas, limitándose a celebrar como gran victoria que los expedientes hubieran sido cerrados.

Oscuro episodio

Sin embargo, lo único que logró el “hombre más rico de Colombia”, como se le conoce, no fue otra cosa que dirigir nuevamente los focos de la atención nacional hacia un episodio oscuro cuyos efectos padecen diariamente los centenares de miles de colombianos que transitan por la Ruta del Sol, una desvencijada vía que comunica al centro del país con la costa Atlántica “construida” en alianza por Odebrecht y Sarmiento.

El primero en pronunciarse sobre el asunto fue el presidente Gustavo Petro, quien comentó el suceso lacónicamente: “confesión en Estados Unidos, impunidad en Colombia”.

Sin embargo, un par de días después, agregó: “he ordenado a la cancillería utilizar todos los mecanismos de cooperación jurídica con los gobiernos de Estados Unidos y de Brasil para establecer los daños y reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”.

Los efectos de la celebración de Sarmiento Angulo también tocaron a uno de los alfiles que el magnate más quería proteger: el ex fiscal Néstor Humberto Martínez.

Asesor y abogado de Sarmiento Angulo durante años, Martínez llegó a la Fiscalía en 2016, justo cuando estallaban los primeros indicios de que Odebrecht había logrado permear con sobornos a altos funcionarios del gobierno y a empresas del grupo Aval, dándose a la tarea de tapar la nauseabunda trama de corrupción congelando las investigaciones y presionando a testigos.

Uno de ellos era Jorge Enrique Pizano, auditor de la construcción de la Ruta del Sol, quien aseguró muchas veces a Martínez tener pruebas de que Odebrecht y Corficolombiana, la empresa de Sarmiento Angulo encargada de la obra, estaban incurriendo en prácticas corruptas.

Según audios difundidos en su momento (2018) por varios medios, el entonces fiscal general no sólo desestimó las denuncias de Pizano, sino que –con palabras soeces– se burló repetidamente del auditor, con quien había tenido amistad desde la época en que trabajaron juntos en las empresas de Sarmiento Angulo.

Pizano advirtió que se estaba quedando solo en sus denuncias y decidió grabar las conversaciones con Martínez, conocidas unos días después de su repentina muerte, en noviembre de 2018.

El deceso de Pizano hubiera pasado como muerte natural, de no ser porque tres días después uno de sus hijos fue a su oficina y tomó un sorbo de agua que encontró encima del escritorio de su su padre. De inmediato tuvo convulsiones y llegó sin vida a un hospital donde diagnosticaron muerte por consumo de cianuro.

Hoy, cinco años después de estas muertes, Juanita Pizano, hija menor de Jorge Enrique, no sólo ha hecho fuertes denuncias contra el ex fiscal Martínez, sino que pide la reapertura de un investigación que –por supuesto– ha permanecido congelada en las neveras de la Fiscalía durante el último lustro.

“El fantasma de Odebrecht sigue asustando a más de uno en Colombia”, comentó a La Jornada el analista Horacio Duque, subrayando que el hecho de que el presidente Petro haya tomado cartas en el asunto tal vez garantice que algún día se destape, por fin, “esta pestilente olla podrida”.