En los despojos de inmuebles que se cometen en la Ciudad de México, en los que, de acuerdo con autoridades capitalinas, se ha detectado que participan grupos criminales, así como abogados, notarios, arquitectos y personas violentas, se suman las prácticas de inmobiliarias que no respetan la conclusión de los contratos de arrendamiento.

Un caso ocurrió a principios de año a un inquilino de la inmobiliaria Madrid, quien sólo por manifestar que no renovaría el contrato de arrendamiento, fue desalojado de la vivienda por sujetos que irrumpieron de madrugada, armados con mazos y macetas, a pesar de que seguía corriendo el mes de renta que tenía pagado.

Relató que rentó un departamento en un inmueble en el Eje 8 Sur Popocatépetl, y hasta ese momento había cumplido con los pagos de la renta; sin embargo, fue víctima del modus operandi de desalojo por un grupo de personas violentas que llegó acompañado de policías y sin que le mostraran una orden de desalojo.

Además de enfrentar esa situación, sus muebles y enseres fueron arrojados a la calle, fue víctima de robo, ya que le sustrajeron aparatos electrónicos y no le permitieron recuperar lámparas y cortinas que había instalado, cuyo costo fue de más de 7 mil pesos.

Al respecto, el integrante de la plataforma vecinal 06600 y del observatorio de la colonia Juárez, Sergio González, reprochó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y el Instituto de Verificación Administrativa no coordinen acciones conjuntas para evitar afectaciones a los inquilinos con contrato, mientras por otro lado siguen las acciones de despojo en inmuebles con habitantes con derecho a la posesión.

Indicó que hay inmobiliarias en la capital que “aparecen y desaparecen con cada proyecto”, por lo que señaló que en la capital ocurre “el triángulo de las tres ‘d’ que no se pueden separar: despojo, desalojo y desplazamiento forzado de habitantes con arraigo”, lo que termina con la convivencia del barrio y genera gentrificación.

Recordó el caso del inmueble ubicado en Berlín 7, colonia Juárez, donde “los inquilinos tenían un contrato firmado por un año y llevaban tres meses en el edificio”, pero los administradores de la inmobiliaria que les rentaba les exigieron que desalojaran los departamentos.

“Se cambió el destino de la zona, que se convirtió en colonia receptora de renta de poca estancia por el nomadismo digital” con aplicaciones como Airbnb, por lo que a los inquilinos “no les respetaron sus contratos en una clara violación a la ley y los terminaron expulsando sin ningún tipo de compensación”.

En otro caso, ayer los afectados del desalojo del inmueble de República de Argentina 110, colonia Centro, cumplieron seis días en el campamento que improvisaron con lonas en el callejón de República de Ecuador, al refrendar que la exigencia es la intervención de las autoridades para que los restituya a las viviendas que ocuparon por décadas, por lo que mantienen su rechazo a trasladarse a un albergue.