Ciudad de México. El gobierno federal evidenció que el actuar de jueces, magistrados y del ministro Luis María Aguilar Morales ha impedido el avance en juicios o procesos penales contra grandes contribuyentes que deben millonarias sumas a la Hacienda Pública por concepto de impuestos por alrededor de 80 mil millones de pesos.

En la mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Medina, presentó tres casos donde las determinaciones de los togados han beneficiado a empresas y otros grandes contribuyentes para evitar que cumplan con sus obligaciones fiscales y pagar impuestos, con lo que se podría financiar obras públicas y ampliar programas sociales.

“Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo que equivale al presupuesto de Jóvenes Construyendo Futuro por tres años y medio o aumentar la pensión en 25 por ciento a todos los beneficiarios del programa de adultos mayores”.

Uno de los procesos, indicó el procurador, es el caso de “una empresa de gran tamaño”, de la que no dio nombre, con presencia nacional que fue fiscalizada en los ejercicios 2010, 2011 y 2013 con un adeudo de 25 mil millones de pesos, y a través del peso de esta firma, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJN), Luis María Aguilar Morales, ha sido omiso en resolver el asunto.

“Esta empresa abusando de su gran estructura corporativa ha operado diversas estrategias legales para imputar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos”.

En este caso, agregó Medina, la Corte tiene un papel fundamental en las estrategias de la compañía, que ha solicitado de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos “con el pretexto que son novedosos y relevantes”, aun cuando de acuerdo al procurador ya existen jurisprudencias y antecedentes precedentes, que obligan a que el tema tenga que ser resuelto como lo han determinado ya tribunales colegiados por distribución de competencia por conforme a la Constitución.

Sin embargo, resaltó, los 25 mil millones de pesos de adeudo de esta empresa no han podido ser recuperados, por los diversos juicios interpuestos desde hace 13 años, retrasado los litigios.

“En particular, en los últimos 8 meses el ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por esta empresa, pidió al pleno de la Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada. La SCJN ha sido omisa en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la resolución atenta no sólo contra la Constitución y contra la naturaleza misma de la SCJN que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos”.

Ante el mandatario federal, Medina expuso que frente a estas acciones del ministro, el gobierno federal presentará una queja en su contra por su actuar. “Este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de la nación para beneficio de todos los mexicanos”.

Otro de los casos presentados por el procurador fiscal es el de 17 asuntos de grandes contribuyentes que adeudan al pueblo de México a más de 55 mil millones de pesos.

En estos “los jueces han retardado indebidamente la imposición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de por lo menos 54 mil millones de pesos de todos los mexicanos, en el 82 por ciento de estos casos integrantes del Poder Judicial han impedido que se abra la puerta al proceso penal y por tanto impedido que se haga justicia”.

Los togados, agregó, no citan a las audiencias iniciales y en ocasiones las han retrasado hasta 18 meses, y una vez que ésta se agenda, la difieren “una y otra vez, impidiendo que se sancione a los responsables y se recupere dinero publico”.

Un tercer caso es el de “cierta empresa del Bajío”, de la que tampoco dio nombre, que cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó un perjuicio por casi 300 millones de pesos a la Hacienda Pública.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Fiscalía General de la República han buscado por este caso llevar a juicio a los responsables de la evasión fiscal, pero este objetivo ha sido obstaculizado por el actuar del juez Eduardo Osorio Rosado, “que reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley.

“Este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, pues sostiene que no está facultada para defender los recursos del pueblo y por ende desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal”.

Medina indicó que el juzgador también ha resuelto ignorando criterios y resoluciones previas de los tribunales de amparo y otros juzgados e incluso en contra de criterios de la SCJN.

“Los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones hasta el momento, pero esto lo lo exime de su responsabilidad. Ante ello trabajaremos para presentar una queja administrativa e incluso una denuncia, porque esta actuación podrían constituir delitos en contra de la administración de justicia”.