La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación, que inició hace poco más de dos años, por lavado de dinero contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y algunos de sus familiares, confirmaron funcionarios ministeriales y documentos judiciales.

Mandos de la FGR señalaron que la indagatoria está a cargo de una rama de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda.

Las fuentes informaron que los abogados del mandatario neoleonés y sus familiares ya entregaron informes financieros para acreditar que sus ingresos y operaciones tienen origen lícito.

El primer antecedente del caso es el comunicado de prensa 171/21 de la FGR, del 10 de mayo de 2021, según el cual la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales había recibido “denuncias diversas” contra García, entonces candidato a gobernador.

Según el comunicado, entre las denuncias estaba una de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y se referían a presuntos ilícitos previstos en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, como aportaciones en dinero o en especie y fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

La fiscalía indicó, además, en el comunicado, que investigaba tales denuncias en una carpeta “para obtener a la brevedad posible la determinación jurídica que proceda”.

Otros señalados

De acuerdo con documentos de la unidad especializada en lavado, la indagatoria sigue abierta y no se ha establecido la legalidad de las operaciones financieras del gobernador García y de los otros señalados, su padre, Samuel Orlando García Mascorro; la esposa del mandatario, Mariana Rodríguez Cantú, y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, así como de las empresas Grupo Mascorro Abogados Firma Jurídica, Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros, Grupo Renok y Fiuset Service.

Según los datos disponibles, la UIF ha colaborado con las indagatorias de la unidad antilavado, la cual pidió en marzo de 2022 un dictamen contable sobre operaciones realizadas entre 2012 y 2021.

La unidad antilavado confirmó en un oficio del 30 de agosto de 2022 que revisó información financiera proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.

Los funcionarios consultados confirmaron que en marzo pasado el Ministerio Público Federal solicitó a la Policía Federal Ministerial que desahogara actos de investigación.

Los elementos tuvieron que acudir a las instalaciones de la Femdo, en Paseo de la Reforma 75, “para consultar la carpeta de investigación e identificar las líneas de investigación a desahogar”.