Con el voto de todas las fuerzas políticas, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para obligar a los funcionarios públicos a atender y desahogar con celeridad las denuncias de hostigamiento y acoso sexual contra trabajadores.

Se trata de una reforma que busca “visibilizar y sancionar los delitos, cumpliendo el deber de combatir y erradicar la violencia de género”, explicó el presidente de la comisión, Juan Carlos Romero Hicks. No obstante, recordó que la cámara ya aprobó dos reformas que buscan combatir esos crímenes, pero el Senado los mantiene en la congeladora, “por lo que hacemos un llamado a fin de que se acelere el proceso”.

Durante la discusión, la diputada panista Karla González Cruz, explicó que se modificó el artículo 57 de la referida ley, para definir: “Incurre en abuso de funciones el servidor público que cometa, por sí o un tercero, cualquiera de los tipos de hostilidad previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. Se trata de sancionar cuando un funcionario cometa violencia sicológica, física, patrimonial, económica, sexual, laboral y docente, así como institucional, política, digital, mediática y hostigamiento sexual, expuso.

“La violencia de género persiste como una violación enraizada de los derechos humanos y como unos de lo obstáculos para lograr la igualdad y esa violencia es inaceptable, sin importar que sea cometida por el Estado y sus agentes, parientes o extraños, en el ámbito público y privado”.

La legisladora Esther Martínez Romano (PT) consideró que se trata de un avance legislativo relevante, porque “la población femenina en sus centros de trabajo sigue pidiendo justicia. Pero también recibimos la petición de un hombre violentado por una mujer. Ellos también sufren acoso sexual y laboral”.