El domingo se registró uno de los episodios más lamentables en la historia reciente del país: pobladores de la comunidad San Antonio del Monte, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, quemaron varios paquetes de los nuevos libros de texto gratuitos (LTG) con el argumento de que su contenido es comunista, “triple X” y “del diablo”. Los lugareños corearon consignas como: “queremos los libros anteriores no porquerías, no basura”, y advirtieron que la destrucción del material seguirá en los planteles de más comunidades.
Ese mismo día, centenares de funcionarios de los gobiernos del municipio y el estado de Aguascalientes, ambos controlados por el PAN, encabezaron una marcha convocada por el Frente Nacional por la Familia (FNF) y la jerarquía local de la Iglesia católica. El obispo de la diócesis de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, usó la misa dominical de la semana pasada para celebrar la oposición ilegal de la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel a que los libros lleguen a las aulas, llamó a sus feligreses a asistir al acto de protesta y alertó acerca de que el modelo de educación con “tendencia marxista, ideológica y política” supuestamente promovido por el gobierno federal puede “desorientar a nuestros niños y adolescentes”.
En Chihuahua, las cúpulas empresariales locales, acompañadas por diversos membretes de la autodenominada “sociedad civil”, publicaron un comunicado en el mismo tenor, dirigido al Presidente de la República, y en respaldo a la determinación de la mandataria de la entidad, María Eugenia Campos, quien obtuvo un amparo del ministro de la Suprema Corte de la Nación Luis María Aguilar Morales para detener la distribución de los textos escolares oficiales en los planteles chihuahuenses. Ayer, el togado emitió un fallo similar para Coahuila.
La Red Unida de Apóstoles de Chiapas, que agrupa a iglesias evangélicas, condenó ayer las obras como “una forma de adoctrinamiento ideológica, sexual y de género que atenta contra la niñez”. Si bien el influyente grupo se deslindó de acciones radicales como la quema de libros, ratificó su postura hacia decisiones políticas actuales que “atentan contra la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión”.
Los líderes de todas las denominaciones religiosas, los funcionarios, jueces y empresarios de ultraderecha, así como los corporativos editoriales que sotto voce atizan esa campaña, harían bien en recordar que sus creencias cuentan con absoluta protección y libertad de ejercicio en el ámbito privado, pero nada tienen que hacer en el terreno de la educación pública, donde el Estado tiene el mandato de salvaguardar la más estricta laicidad.
Asimismo, han de tener presente que la Constitución obliga a ofrecer a niños, niñas y jóvenes una educación sexual y reproductiva que los alerte acerca de las diversas formas de abuso y les brinde herramientas tanto para vivir su sexualidad de forma plena y segura, como para llevar a cabo una planificación familiar acorde con sus deseos y necesidades, por lo que los contenidos pedagógicos en este rubro no pueden ponerse a debate con base en el conservadurismo, las visiones moralinas ni las doctrinas de credo alguno.
Está claro que los extremos de barbarie a que han llegado algunos segmentos de la ciudadanía en su rechazo a los nuevos libros preparados por la Secretaría de Educación Pública no son manifestaciones espontáneas de la sociedad, sino el resultado de una estridente campaña de manipulación conducida por poderosos intereses partidistas, mediáticos, empresariales y clericales, cuyos móviles nada tienen que ver con la educación de los infantes. Y como suele suceder, las primeras víctimas son los más desfavorecidos: de acuerdo con el Inegi, 60 por ciento de los habitantes de San Antonio del Monte es analfabeta, rezago que sólo empeorará con la fobia antilibresca inducida a su población evangélica.
La virulencia de los sectores mencionados no tendría mayor relevancia si no contara con la complicidad de un Poder Judicial dispuesto a desquiciar todo el sistema educativo del país y privar a los estudiantes de un insumo fundamental para su formación al confundir la ley con sus preferencias políticas. La campaña en contra de los LTG debe cesar de inmediato.
