Ciudad de México. Representantes del Pueblo de los Reyes Hueytlilatl, en Coyoacán, evidenciaron que el proyecto para construir un edificio de departamentos en Eje 10 Sur Pedro Enríquez Ureña 616 –que ya se comercializan desde 2 millones 585 mil y hasta 3 millones 165 mil pesos–, no cuenta aún con la autorización de la alcaldía para iniciar la demolición de la construcción actual.

Señalaron que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), tampoco han emitido los certificados de factibilidad hídrica y ambiental.

Integrantes de la comisión del pueblo que se integró la semana pasada tras las protestas en contra del proyecto, para establecer una mesa de diálogo con autoridades de gobierno central, la alcaldía y la inmobiliaria Quiero Casa, comentaron que la Sedema advirtió que la inmobiliaria hubiera estado en falta de haber iniciado trabajos antes de que la comunidad se movilizara para impedirlo.

La alcaldía explicó en la primera reunión que se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos capitalina que la empresa ha tramitado dos solicitudes de publicitación vecinal, una de ellas en dos ocasiones para la demolición de una construcción de 364 metros cuadrados dentro del predio, la primera vez se rechazó por no contar con declaratoria y la segunda no se ha emitido en tanto no sea subsanada la falta de un reporte topográfico.

La otra solicitud de publicitación vecinal corresponde al de obra nueva, que tampoco se ha emitido.

La Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) informó en tanto que no está aprobado tampoco el proyecto que consta de 76 departamentos.

La Seduvi, deberá determinar además si el predio se ubica dentro del polígono de conservación en torno al sitio arqueológico ubicado a tan sólo 350 metros del lugar, donde hay vestigios de un sistema hidráulico prehispánico, escalinatas que pudieron corresponder a un templo de adoración y un aljibe de la época colonia.

La comunidad da por hecho que así es, lo que implicaría que la inmobiliaria estaría obligada a presentar un estudio de impacto urbano y podría incidir en el número de niveles que se autoricen al proyecto, pues si bien le corresponde hasta seis pisos al amparo de la norma de aplicación por vialidad por colindancia con el Eje 10 Sur, tendría que sujetarse al programa delegacional de desarrollo urbano que marca dos niveles.

Sin embargo, falta que la empresa compruebe cómo adquirió el predio, pues si bien asegura fue obtuvo la escritura por compraventa, con un historial desde 1981, refieren que el terreno fue un camino comunitario que se utilizaba para llegar al pedregal, pero fue bardeado al construirse el eje vial e inclusive un informe de la Dirección General de Regularización Territorial de abril de 2002, refiere que “no cuenta con antecedente alguno en sus archivos del predio en comento”, por lo que les sorprendió que la empresa haya manifestado que tiene la historia del predio desde hace 42 años.

De confirmarse que el predio corresponde a lo que fue un camino comunitario, tendría que considerarse conforme lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México como “propiedad tradicional”.