Todo proyecto de nación tiene en la educación uno de sus pilares centrales. Si algo caracteriza al siglo XIX mexicano fue la larga batalla, histórica, por definir el perfil que tendría la nueva nación independiente. La lucha se dio, en la primera etapa, entre quienes recogían la tradición española y querían conservar la forma imperial y quienes, por el contrario, creían necesario establecer una república. En la siguiente etapa, habiendo triunfado la república, muchos de los monarquistas defendieron un proyecto centralista, mientras los republicanos, herederos de la gesta insurgente encabezada por Hidalgo, Morelos y Guerrero, lucharon por el federalismo. En las convulsas décadas que siguieron a la consumación de la Independencia, la lucha encarnizada por el poder nacional entre esos dos proyectos, con triunfos y derrotas de ambos bandos y en medio de acontecimientos trágicos como la pérdida de Texas y la derrota con Estados Unidos que nos arrebató más de la mitad de nuestro territorio, la diferencia entre los dos proyectos de nación definió con claridad dos proyectos de nación antagónicos: el de los conservadores y el de los liberales. Este enfrentamiento provocó la Guerra de Reforma, causada por el rechazo de los grupos conservadores, abanderados por la jerarquía católica y un sector de las élites militares y políticas, a la Constitución liberal de 1857. Esa guerra civil tuvo dos momentos, el primero, de 1858 a 1861, con el claro triunfo liberal. El segundo, de 1862 a 1867, cuando los conservadores, con el apoyo del monarca francés Napoleón III y de su ejército, impusieron el Imperio de Maximiliano, etapa que concluyó con la recuperación de la independencia nacional, la derrota imperial y el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía en el cerro de las Campanas.

En este convulso panorama tuvo lugar también una larga batalla por la educación. El proyecto liberal buscó terminar el monopolio del clero sobre el proceso educativo, que venía desde la Colonia. Después de la Independencia, los liberales avanzaron establecer el control del Estado sobre el proceso educativo, con un sistema de instrucción pública que llevó la formación elemental a sectores cada vez más grandes de la sociedad, y ya no sólo a las élites masculinas urbanas. Las mujeres, las clases medias y los grupos indígenas pudieron acceder a la educación pública, aunque seguía siendo una población minoritaria. Sin embargo, el clero conservó una fuerte presencia y un poder económico, político y cultural notable, uno de cuyos bastiones era la enseñanza en las escuelas privadas.

El debate filosófico, político y pedagógico entre unos y otros se dio en torno a la rectoría del proceso formativo. Los liberales sostenían que debía ser el Estado el que garantizara la instrucción y definiera su contenido. La educación, para ellos, debía ser laica, alejada del dogma religioso. Los conservadores, por su parte, defendían el derecho de las familias a decidir qué tipo de educación querían dar a sus hijas e hijos, de manera libre, voluntaria. Si las familias querían que asistieran a escuelas privadas y recibieran en ellas educación religiosa, el Estado debía permitirlo. La intromisión del Estado era un peligro para la libertad de enseñanza. La Constitución de 1857 les garantizó ese derecho.

La siguiente gran batalla por la educación se dio en la Revolución Mexicana. Un sector de la corriente constitucionalista, la triunfadora en la Revolución, tenía un carácter marcadamente anticlerical. Herederos de la tradición liberal republicana, veían en el clero no sólo a un enemigo histórico, sino también coyuntural. Un sector de la jerarquía y de los laicos católicos habían apoyado el derrocamiento de Madero y a la dictadura huertista. Desde el púlpito y en el confesionario, obispos y sacerdotes se oponían a la Revolución. Una vez que la dictadura huertista fue derrotada y que la guerra civil entre los revolucionarios fue ganada por el constitucionalismo, esta corriente comenzó a construir el nuevo Estado. En ese proceso, debía consolidar su hegemonía política, ideológica y cultural. Para ello había una arena de importancia estratégica: la educación. Por ello, la mayor batalla ideológica entre los forjadores del nuevo Estado se dio en la discusión del artículo tercero constitucional. El dictamen de dicho artículo decía:

La tendencia manifiesta del clero a subyugar la enseñanza, no es sino un medio preparatorio para usurpar las funciones del Estado; no puede considerarse esa tendencia como simplemente conservadora, sino como verdaderamente regresiva y, por tanto, pone en peligro la conservación y estorba el desarrollo natural de la sociedad mexicana… la enseñanza en las escuelas oficiales debe ser laica… el laicismo cierra los labios del maestro ante todo error revestido de alguna apariencia religiosa. La comisión entiende por enseñanza ajena a toda creencia religiosa, la enseñanza que transmite la verdad y desengaña del error inspirándose en un criterio rigurosamente científico.

Ese dictamen, suscrito por los diputados Múgica, Monzón y Recio, abrió una rica y fundamental discusión.

*Director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México