A nueve años de uno de los peores desastres ecológicos en la historia del país: el derrame de sustancias tóxicas de la mina de Cananea al río Sonora, el principal responsable de esa contingencia, el empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, sigue en la impunidad, pese al grave daño ecológico y humanitario que provocó, advierte la doctora Reina Castro Longoria.

Investigadora y profesora de la Universidad de Sonora, especialista en ciencias biológicas y de la salud, doctora en oceanología y con amplia experiencia profesional, señala que casi al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se dio por cerrado el caso y se libró de toda culpa al empresario

Incluso, al magnate le regresaron, detalla, 700 millones de pesos, pese a que persiste la contaminación por metales pesados en la mayor parte de las cuencas de los afluentes Bacanuchi y Sonora, en las tierras de cultivo y se manifiestan patologías en la salud de los habitantes de los siete municipios afectados por el derrame.

No se ven resultados de la pesquisa contra el magnate

A la fecha, recalca, el perjuicio no se ha cuantificado en su real dimensión, pese a las muchas muertes por cáncer provocadas por el agua contaminada con plomo, así como con otros metales pesados, y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador “se comprometió a que se haría justicia y se reabriría el caso, a su gobierno le falta poco para concluir pero no se ven resultados”.

En entrevista con La Jornada, la académica refirió que el 6 de agosto de 2014 se produjo el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos altamente tóxicos de una de las represas de la mina de Cananea, a la que en ese entonces Larrea ya había bautizado como Buenavista del Cobre.

Le cambió el nombre a esa mina histórica, explica, luego de lograr romper la huelga estallada por los trabajadores de la sección 65 del Sindicato Minero, quienes desde 2008 denunciaron ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) filtraciones de la presa de jales y el riesgo de un derrame, claros indicios de negligencia industrial de Grupo México.

Ni Larrea ni las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hicieron caso, y los más 40 mil metros cúbicos de acidulados de cobre se derramaron hacia el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, y de ahí a las presas de El Molinito y Abelardo L. Rodríguez.

Cuando se conoció la magnitud preliminar de la contingencia, hubo protestas sociales; sin embargo, recalca Castro Longoria, bajo el manto protector del gobierno de Enrique Peña Nieto se ordenó a Grupo México sólo un programa de remediación; es decir, de revisión de agua superficial y subterránea proveniente del Sonora y el Bacanuchi, pero que no cumplió.

El fideicomiso de 2 mil millones de pesos que debió crear la minera la comprometía a llevar a cabo estudios hídricos durante cinco años, pero lo cerró antes y retiró 700 millones de pesos que aún quedaban.

A las personas con daños o lesiones les dieron entre 12 mil y 14 mil pesos, “que apenas sirvieron para comprar agua embotellada, cremas para las llagas que les salieron en la piel y para las consultas de medicina general. Tampoco se instalaron las 39 plantas potabilizadoras de agua en las regiones contaminadas, como fue el compromiso”.

Junto con los trabajadores de la sección 65 del Sindicato Minero, agricultores y defensores del medio ambiente, la doctora Castro integró el grupo Frente Río Sonora, el cual desde 2014 ha dado la batalla para que se obligue a Larrea a asumir su responsabilidad.

Ha sido muy difícil, relata, debido a que se toparon durante el gobierno de Peña Nieto con la corrupción del entonces subsecretario de la Semarnat, Rodolfo Lazy Tamayo, quien administró el fideicomiso “y debería estar en la cárcel, junto con Larrea”.

Al llamado Barón del cobre, la autoridad sólo le impuso una multa de 26 millones de pesos por no cumplir con el plan de remediación. Además, se permitió que Grupo México fuera el responsable de hacer las revisiones periódicas, sin que universidades e incluso empresas privadas cooperaran.

Ella misma es autora de una amplia investigación sobre los efectos del vertido ecocida, en la que se documentan niveles de plomo y otros metales pesados muy por encima de la norma en agua subterránea y domiciliaria en el municipio de Ures, así como en otras demarcaciones aledañas.

El daño trascenderá generaciones

Durante este gobierno del presidente López Obrador, precisa, la Profepa mandó a tomar muestras de agua en 2019, y resultó que los pozos, el agua subterránea, siguen contaminados.

Dos años después, en 2021, en plena pandemia, la Semarnat hizo estudios de sangre y orina a los habitantes de la cuenca del río Sonora, y encontró que 90 por ciento de ellos están contaminados, sobre todo con plomo, arsénico, cadmio y cobre.

Es decir, poseen una composición de metales pesados ya alojados en su cuerpo, pero “todo quedó ahí. No se contrató a los toxicólogos necesarios para que les administren el debido tratamiento que restablezca su salud, ya que, argumentan, no hay especialistas en México”.

Ante lo anterior, desde el Frente Río Sonora “pedimos al gobierno federal que exija a Grupo México, ya que ellos fueron los causantes, traer médicos especialistas, desde donde quieran que estén, se sabe que en Canadá hay especialistas que podrían ayudar”.

Con vehemencia insiste: “es urgente, además, que instalen el agua potable, porque si los pobladores siguen ingiriendo el líquido contaminado, aumentarán las afectaciones, y es un daño grave que deriva en cáncer”.

Hizo notar que Grupo México, así como algunas autoridades estatales, se burlan y preguntan: “¿Dónde está el reguero de cadáveres por cáncer”, pero el daño es paulatino, expone.

“Por lo menos cuatro de los compañeros que hemos batallado para que se remedie el desastre, murieron en los años recientes y hay decesos constantes por ese mal en los siete municipios por donde pasó el derrame. Los efectos los vamos a sufrir por mucho tiempo, incluso quienes aún no nacen. En Hermosillo, esa enfermedad es el día a día.”

Se ha especulado, agregó, que “el derrame fue a propósito a fin deprovocar un desplazamiento de los pobladores, ya que el área contaminada es una zona rica en oro, plata y cobre”. Pero más allá de ello, alertó, hay el riesgo de otra tragedia, porque la megapresa de jales que Grupo México construyó en 2016, con una profundidad de 50 metros, para concentrar los desechos tóxicos de su nueva producción cuprífera, está apuntando, otra vez, a los afluentes del río Bacanuchi y es la misma ruta.

Nuevos desechos pueden envenenar otra vez la región

La megarrepresa, advierte, la construyó sin el estudio de impacto ambiental necesario. “Si se revienta, el derrame puede llegar a Hermosillo. Es inminente el peligro, y la titular de Semarnat, María Luisa Albores, debe dar una respuesta puntual a lo que está pasando”.

Aunque el presidente López Obrador está en la última etapa de su gobierno y ocupado con otros problemas, “le recordamos que hizo un compromiso en 2019 de obligar a Larrea a que asuma su responsabilidad”, concluye.

Se trata del mayor desastre ambiental ocasionado por la minería en el país. La población afectada se estima en casi 23 mil personas de 38 localidades de siete municipios y algunas zonas rurales de la ciudad de Hermosillo.