Oaxaca, Oax., El gobierno del morenista Salomón Jara Cruz no tiene un verdadero compromiso con el respeto a la labor de los defensores de los derechos humanos en Oaxaca, como lo demuestra al no querer liberar al defensor de la tierra y el territorio Pablo López Alavez, preso desde el 15 de agosto de 2010, acusado de un delito “fabricado” por el gobierno del priísta de Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010), denunciaron organización sociales y defensoras de derechos humanos.
Tras cumplirse 13 años de la detención arbitraria de López Alavez, indígena zapoteco originario de San Isidro Aloapam, en la región de la Sierra Norte, distintos activistas demandaron, en conferencia de prensa, su liberación inmediata.
Argumentaron que se ha demostrado de forma fehaciente que el proceso con el cual fue juzgado, por su constante oposición a la tala clandestina en su comunidad, estuvo lleno de vicios legales con el fin de encarcelarlo.
Marcos Arturo Leyva Madrid, fundador e integrante de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), cuestionó la falta de atención de Jara Cruz en este asunto, que es de suma importancia, pues se trata de la criminalización de un defensor cuyo delito fue oponerse a la deforestación desmedida.
“Oaxaca es un escenario muy comprometido para la defensa de derechos humanos, pero en particular para la defensa de la tierra y el territorio; somos de los primeros estados en amenazas, hostigamiento y asesinatos de activistas”, expuso.
Reprochó: “Se nos dice que estamos en un gobierno diferente, un gobierno que dice que traerá la primavera oaxaqueña. No hay primavera si no hay bosque, agua, justicia; si no se resarcen los derechos de Pablo. Así no se construye la primavera”.
Yésica Sánchez Maya, coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, consideró que el discurso de Salomón Jara y sus funcionarios sobre el respeto a las garantías individuales y la firma de un compromiso de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no significan nada si no se realizan acciones contundentes.
A esto, apuntó, se suma la pasividad de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, que no actúa ni emite recomendaciones por los ataques a defensores, además de las embestidas provenientes desde la Secretaría de Gobierno, que encabeza Jesús Romero, a quien acusaron de denigrar en conferencias públicas la labor de promoción y defensa que realizan las organizaciones defensoras de las garantías individuales.
