Guatemala. El abuso del sistema legal por parte del Estado para perseguir, en algunos casos condenar a operadores de justicia y periodistas, neutralizar e incluso encarcelar a opositores políticos, actores sociales relevantes y periodistas –el llamado lawfare– se ha aplicado al pie de la letra en Guatemala desde hace al menos cuatro años.

Para las figuras que desafían a los poderes, la amenaza que les puede salir al paso en el momento menos esperado es un aviso legal de que se les “está armando un caso” en el escritorio de algún Ministerio Público por orden de algún juez de una cadena de mando que empieza en la oficina de la Fiscal General Consuelo Porras.

El “caso” puede ser una pesquisa sin base real. Los tribunales, presididos por magistrados incondicionales emiten sentencias bajo pedido. En esta coyuntura electoral tan singular en Guatemala, que tiene en el horizonte una inesperada posibilidad de un cambio de aires, este mecanismo se ha convertido en una arma política.

En la prensa, Juan Gerardo Guerrero, el abogado del partido del puntero presidencial Bernardo Arévalo, Movimiento Semilla, ha definido el momento como una guerra judicial, reconocida por el término lawfare, para referirse a los ataques legales que la agrupación política está recibiendo desde el Ministerio Público.

La embestida tiene una línea de mando clara que el diario digital No-Ficción describe en su edición de ayer. El brazo ejecutor es el togado Fredy Orellana. Este juzgador es autor de las recientes jugadas legales para descarrilar el curso de los comicios. Apenas se supo que Arévalo se había colado como segundo en el balotaje, recibió “pruebas” de ilegalidades dentro del partido y vía exprés ordenó cancelar al Movimiento Semilla. Como no se procedió en ese sentido, ordenó una investigación penal contra el registrador del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tampoco procedió.

Guerrero señala que en la ofensiva judicial no se les ha permitido defenderse o tener acceso a los documentos de la investigación.

“Han instrumentalizado el sistema de justicia para hacer creer que Movimiento Semilla es una estructura criminal, y por eso se tenía que suspender y cancelar. Nosotros no hemos tenido acceso a la carpeta ministerial a pesar de que la hemos solicitado en más de 20 ocasiones.”

Orellana ha tenido un rol protagónico en el historial de arbitrariedades. Fue quien envió a juicio a José Ramón Zamora, director de El Periódico, uno de los medios más confiables que había en el país. El periodista lleva un año en la cárcel. El diario desapareció, junto con su archivo. Ocho comunicadores que escribían ahí están exiliados por persecuciones judiciales diversas.

También fue quien sentenció a una fiscal anticorrupción de Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien se atrevió a denunciar a un colega por corrupción. Fue Orellana quien emitió la orden de captura contra el fiscal anticorrupción que era parte del brazo judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, hoy exiliado en Washington. Y también fue quien envió a la cárcel a Juan Francisco Solórzano Foppa, uno de los abogados de Zamora, a quien dejó en la indefensión legal.

La cadena de demandas judiciales arbitrarias llegó a tales niveles en esta elección, que provocó una fuerte reacción a escala internacional, ya que en su última fase es el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que está bajo ataque.

El diario La Hora reportó en su edición vespertina de ayer que la magistrada del TSE, Blanca Álvaro, y otro de sus magistrados han recibido amenazas vía mensajes de texto, del tipo: “Nos vamos a c*** en usted y en su familia”, situación que fue reportada por la abogada. Pero Orellana no sería sino el alfil en un ajedrez que manejan desde arriba el actual fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche, impuesto en el cargo por su jefa, la fiscal Porras.

Elementos de la policía montan guardia frente a una escuela donde se instalarán los colegios electorales, en la víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el Pueblo de Puerta Parada, Santa Catarina Pinula, Guatemala, el 19 de agosto de 2023. Foto Afp.

Curruchiche ha sido el estratega de la maniobra para sacar a Semilla y a Arévalo del juego electoral. Alega que en las actas de 2018 del registro del partido hay 613 nombres que no tienen su número de identificación, por lo que asume que son “falsas o inventadas”. Hay otros 184 nombres repetidos. Y más de mil irregularidades que todavía están por aclarar. Ninguna prueba se ha presentado en público. Pero el fiscal ha adelantado que después del día 20 “no descarta” emitir órdenes de aprehensión contra los dirigentes e integrantes de Semilla bajo acusaciones de crimen organizado.

La jefa y directora de esta trama es la fiscal general Consuelo Porras.

El portal del popular programa radial Con criterio, publicó ayer una opinión del periodista Juan Luis Font (en exilio en México) que Curruchiche “será previsiblemente la primera cabeza sacrificada por Porras en un afán de permanecer al frente del Ministerio Público. Pero el sacrificio será insuficiente”.

Según esta previsión, Porras (cuyo mandato vence hasta 2026) también tendrá que marcharse. ,“Porque a estas alturas, sabe ya que va rumbo a ser procesada, más temprano que tarde, por el daño que ha causado a la justicia”.

Sobre los hallazgos de la fiscalía sobre las supuestas firmas falsas de Semilla, varios abogados y políticos han preguntado por qué si estas irregularidades son de 2018 se judicializan justo ahora.

La respuesta podría estar en la política y no en el derecho.

A raíz de que apareció la figura de Arévalo como el ganador más probable, los sectores de la ultraderecha se apresuraron a hacer una nueva alineación política detrás de Sandra Torres, la contrincante por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, con el fin de impedir a toda costa la llegada de un político que no responde a sus intereses.

Y detrás de esa movida política, ha vuelto a aparecer el nombre de un actor de las causas más extremas de la derecha y del legado de represión que dejaron los años del conflicto armado que se extinguió hace 27 años: Ricardo Méndez Ruiz.

El diario digital salvadoreño El Faro publicó ayer un amplio perfil de este personaje, líder de la Fundación contra el Terrorismo creada en 2013. Es, sostiene este medio, la cara más conocida detrás de las denuncias que han acabado con una veintena de fiscales y abogados detenidos, trasladados o despedidos, y con 28 jueces y fiscales en el exilio.

“Aunque muchas demandas salen del Ministerio Público, el Organismo Judicial o personas particulares, Méndez Ruiz es la imagen de la criminalización de estos operadores de la justicia, quienes aseguran que las denuncias son fundadas.”

Según esta reseña, fue el oficial retirado de la Fuerza Aérea Moisés Galindo, quien aconsejó a Méndez formar este organismo. Galindo fue defensor de un teniente acusado en el caso del asesinato del obispo Juan Gerardi, y del ex presidente Otto Pérez Molina en un asunto de corrupción.

El padre de Méndez Ruiz fue secretario de Gobernación en la dictadura de José Efraín Ríos Montt.