Guatemala. A Juan Francisco Solórzano Foppa no le cabe duda de que la guerra judicial emprendida contra todos los sectores que tienen una línea de acción contra la corrupción, y que mantiene en prisión o en el exilio a decenas de fiscales, jueces, abogados y periodistas, va a arreciar si hoy el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, sale electo presidente. Pero eso no lo arredra. “Pelear contra el Ejecutivo no es lo mismo que pelear contra cualquier otro ciudadano”, dice.

Este joven abogado que fue encarcelado 23 días por defender –entre otros casos– al director de El Periódico José Zamora, es nieto de la gran escritora Alcaide Foppa. Confía en que, pese a los obstáculos, el próximo mandatario sí tendrá posibilidades de incidir en la lucha contra el Pacto Corrupto. “Yo no veo débil a Arévalo. Aunque entiendo que tendrá que ser prudente y conciliador”.

En entrevista con La Jornada explica los resortes que mueven a todos esos expedientes que circulan en las oficinas de las fiscalías, las cortes, tribunales y despachos de abogados y que tienen en jaque incluso al proceso electoral y a la sucesión presidencial.

“Todo el aparato judicial está dedicado a perseguirnos, y no por razones de justicia, sino de venganza o corrupción. Lo que se había logrado bajo el paraguas de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ) y de la mano de fiscales y jueces limpios (menciona entre otros a Claudia Paz y Paz y a Thelma Aldama, ex fiscales generales fuera del país) lo empezó a desbaratar la actual fiscal Consuelo Porras. A mí me llegó a considerar enemigo de la fiscalía.”

–En muchos casos se señala que detrás de este tinglado está la mano de la Fundación contra el Terrorismo y su líder más visible, Ricardo Méndez Ruiz. ¿Es cierto esto?

—Sí, y no lo hace ocultando la cara. Lo hace abiertamente. En mi caso recibí sus ataques desde el principio de mi carrera. Seguro que por mi historia familiar. Básicamente es un tema ideológico.

Un hijo del conflicto armado

Solórzano Foppa es hijo de Silvia Solórzano, uno de los cinco hijos de la poeta desaparecida por el dictador Efraín Ríos Montt, Alaide Foppa, y de Carlos López Arévalo, comandante Camilo. Ambos pertenecían al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Su padre perdió la vida en combate en 1976 cuando Juan tenía 15 días de nacido. Dos de sus tíos, Juan Pablo y Mario, también eran guerrilleros y fallecieron en la montaña. Su abuelo Alfonso Solórzano, comunista de cepa, murió en México. Él vivió y se educó en Cuba con su madre hasta los 14 años.

Regresaron a Guatemala cuando se firmaron a los Acuerdos de Paz en 1996.

Estudió derecho en la universidad jesuita Rafael Landívar. Ya en su vida profesional fue fiscal antipandillas. Después fue funcionario principal de la Superintendencia de Administración Tributaria en el gobierno de Jimmy Morales. Le tocaba nada más y nada menos que cobrar impuestos a los empresarios más ricos en un país donde no hay agravio mayor para las élites económicas que alguien pretenda que ellos también paguen al fisco.

En ese momento se convirtió en blanco del llamado lawfare guatemalteco.

–¿Cómo se corrompió el sistema de justicia?

–Empezaron por hacerse del control del Ministerio Publico. De ahí parte esta guerra de criminalizaciones de casos que en cualquier país normal no habría delito. Luego, empezaron a ocupar las plazas con jueces ad hoc. Algunas veces son jueces comprados. Pero también conocemos a togados que son allegados, afiliados. Es, por ejemplo, el caso del juez séptimo Fredy Orellana (quien pretende inhabilitar al Movimiento Semilla). Se sabe que está afiliado con la Fundación contra el Terrorismo. Hay fotos.

“Luego están las salas de apelaciones, las que, abiertamente, son puestos políticos. Dos de mis acusaciones las han hecho ellos.

Arévalo y prudencia

–Si Arévalo llega a la presidencia, si cambia el Ejecutivo, ¿cómo debería actuar frente a esta descomposición del sistema judicial?

–El Ejecutivo tiene un rol muy importante. Puede corregir muchas cosas; por ejemplo, este mecanismo corrupto ha utilizado mucho el aparato de inteligencia del Estado, algo totalmente ilegal. Y no sólo para investigar de manera indiscriminada a sus opositores, sino hasta para realizar arrestos. A mí me detuvieron miembros de la dirección general de inteligencia Civil, un procedimiento prohibido en la ley. Hay videos. Ya lo denuncié.

Solórzano fue detenido en abril junto con un colega de su despacho, Justino Brito. Siempre que compareció en audiencias lo presentaron esposado. Lo acusaron de “patrocinio infiel” por defender al director de El Periódico. Ocho periodistas de este diario están fuera del país porque también contra ellos se han armado casos. Cuatro abogados que tomaron el caso de Zamora renunciaron a defender a su cliente por las amenazas.

En el caso de la acusación contra Solórzano, quien se había inscrito como candidato a la alcaldía de Guatemala por los partidos Semilla, Winik y URNG (la extinta fuerza guerrillera), fue liberado a cambio de que aceptara los cargos y renunciara a su candidatura. Los aceptó y fue sancionado con un año de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Esto último está en proceso de apelación.

Agrega que la intervención de unidades de inteligencia en acciones que les son ajenas también se vio estos días cuando se ordenó el allanamiento, también ilegal, del Tribunal Supremo Electoral que fue ejecutado por la División de Inteligencia de la Policía Civil.

“Esto significa que el Ejecutivo ha puesto todo el aparato de inteligencia en función de esta represión y criminalización. Esto es lo que debe cambiar. Arévalo ya lo dijo, va a renfocar los aparatos de inteligencia.”

Señala una consecuencia de esta descomposición: “Se ha deteriorado de manera importante la seguridad. Ahí están las cifras. Han aumentado los índices de criminalidad. Antes del presidente Giammattei, Guatemala había logrado en los 10 años anteriores reducir la violencia en niveles poco comparables con países de Latinoamérica en condiciones de democracia. Y es comprensible: los aparatos de la seguridad pública están volcados a ser fuerzas represivas del Estado.

“Eso es lo que sí puede cambiar un nuevo presidente. Claro, sabemos que el Ejecutivo no puede indicar en el órgano judicial.”

–¿Cuál es, entonces, el margen de maniobra de lo que podría ser un nuevo gobierno frente a este aparato judicial corrompido? Si Arévalo gana la presidencia ¿no será un mandatario débil?

–No lo veo así. Una de sus fortalezas es que llegaría con un respaldo popular muy fuerte. Y no olvidemos que por ahora Guatemala tiene una macroeconomía fuerte. Puede hacer muchos cambios. Además, no es un político polarizante. Aun estando como está, bajo ataque, ha sido un caballero.

–¿Y si llegan a inhabilitar a su partido?

–Si se aplicara la ley a esa iniciativa no tendría porqué prosperar pero hay muchas fuerzas alienadas con el Pacto Corrupto. Por cierto, hay que decir que han ido tan lejos en el atropello a la legalidad que el Cacif, la cúpula empresarial, que era uno de sus aliados, se ha zafado de esa complicidad y se ha pronunciado a favor de acatar las reglas de la democracia.