Los derechos civiles y políticos son aquellos que nos permiten garantizar y ejercer participación en asuntos sociales y de índole público; son tales como la libertad de expresión, de asociación, de manifestación, a ser votada/votado, al reconocimiento por el Estado como ciudadana/ciudadano, entre otras. Están establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) y ratificados por México en 1981. Si bien los derechos civiles y políticos son para todas las personas, es importante mencionar algunos elementos que limitan el acceso a estos derechos. Por un lado, una de las paradojas de estos derechos es que, aunque son universales, en su ejercicio se encuentran limitados debido a que se requiere el reconocimiento del Estado-nación para que puedan ser ejercidos.
Frente a un panorama generalizado de constantes violaciones a derechos humanos hacia las personas en movilidad, la persecución y exilio políticos de activistas y de personas defensoras de derechos humanos, así como ante guerras civiles, estos derechos se convierten en una utopía para quienes han sido desconocidos y expulsados por sus propios gobiernos como ciudadanos y ciudadanas. Sobre todo, considerando el ejercicio de estos derechos como un ataque a la democracia cuando se busca fortalecerla. Por otro lado, es necesario reconocer las desigualdades sociales, económicas y políticas de los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad, las cuales aún permean en el acceso y ejercicio de sus derechos humanos en amplio. La falta de reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos indígenas, la ausencia de condiciones libres e informadas para los procesos de participación política, así como la falta de la incorporación de la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos han obstaculizado el avance y garantía de los derechos civiles y políticos. Lo anterior es causa y consecuencia de la violencia política, cuyo término puede entenderse como actos de discriminación; daños físicos, emocionales y económicos; restricción de derechos y cualquier acción que limite, impida u obstaculice a cualquier persona a participar en ámbitos públicos por razones políticas. Esto, con el propósito de abandonar sus espacios de militancia, carreras políticas o limitar o demeritar su visibilidad política, cuya violencia se agudiza cuando existen componentes de discriminación, como el género.
Sin embargo, ¿la violencia política sólo se da en espacios institucionales o en cualquiera de los espacios políticos? ¿Las diferencias político-ideológicas entre dos o más personas son “suficientes” para enunciar y denunciar violencia política? Aunque históricamente los gobiernos han ejercido la violencia política, es importante mencionar que puede ser ejercida por cualquier persona y no sólo por funcionarias y funcionarios públicos. Esto, bajo el entendido que los ámbitos público y político no sólo competen a los asuntos gubernamentales, sino a cualquier espacio de participación política. Por ende, es necesario reflexionar acerca de la garantía de la participación política, pública y ciudadana de los grupos en situación de vulnerabilidad ante los actos de discriminación, criminalización, hostigamiento político y desconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Es importante aclarar que la diversidad político-ideológica es necesaria para la construcción y fortalecimiento de las democracias plurales y representativas; sin embargo, se requiere tener presente el enfoque de derechos humanos, las perspectivas de género e interseccional para prevenir actos y discursos de discriminación, odio, violencia y/o menoscabo a la labor y dignidad de las personas. Aunque garantizar los derechos civiles y políticos es obligación de los estados-nación, nuestra responsabilidad social como agentes políticos es ser conscientes de los impactos de nuestras acciones y discursos con el propósito de construir mundos justos, plurales, dignos y libre de violencia para todas, todes y todos.
En el contexto “prelectoral” que vivimos en México, es primordial que haya rendición de cuentas en los procesos de designación de candidaturas por las autoridades e instituciones correspondientes; información libre, certera y transparente sobre el uso de los recursos para fines electorales y con base en la ley; además de la aplicación de sanciones para quienes obstaculizan los procesos de participación política y ciudadana. Y, como sociedad civil organizada, incentivar la participación política a través de mecanismos ciudadanos y diálogos respetuosos y plurales, no sólo para ejercer nuestros derechos civiles y políticos, sino para asegurar que la siguiente persona que dirija al país respete los derechos humanos y trate con dignidad y justicia al pueblo mexicano.
