Por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 han sido detenidas y vinculadas a proceso 116 personas, dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
En un video publicado en redes sociales, en el marco de la difusión sobre el trabajo realizado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) y de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, expuso que del total de detenidos, 14 son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre ellos, un ex comandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón, un capitán, un teniente y 10 soldados, más un elemento de la Secretaría de Marina (Semar).
Murillo Karam, en la lista
A ellos se suma el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el ex director antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el ex ministerio público de esta misma corporación.
Asimismo, han sido detenidos 32 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, 49 policías municipales: dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 38 de Iguala; más cuatro federales y tres federales ministeriales, así como siete estatales.
Igualmente, se encuentra en prisión el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y la ex presidenta del DIF de ese municipio, María de los Ángeles Pineda Villa.
El titular de la Covaj, Encinas, señaló que durante este proceso de judialización, otras 77 personas involucradas, de 169 consignadas, han sido exoneradas por jueces.
Sobre el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, prófugo en Israel, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en diferentes ocasiones la solicitud de extradición por tortura y otros delitos.
“Con estas acciones, el compromiso del presidente López Obrador por combatir la impunidad se convierte en hechos. La judicialización y procesos abiertos al escrutinio público representan una nueva etapa en la justicia social de México”, aseveró.
