Por unanimidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto de presupuesto del organismo para 2024, por un monto general de 23 mil 757 millones de pesos. Si bien prevaleció el visto bueno de consejeros y representantes partidistas, en la sesión no se ahuyentó del todo el fantasma de los recortes.

Los documentos que contienen la petición serán enviados a la Cámara de Diputados, donde en años recientes el grupo mayoritario aplicó reducciones a las pretensiones de los consejeros encabezados entonces por Lorenzo Córdova.

La inconformidad llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a los legisladores justificar los eventuales tijeretazos.

Ahora, durante la exposición del tema (que no debate) Morena y la oposición coincidieron en que la megaelección requerirá más recursos que nunca, no sólo por el tamaño del padrón (y todo lo que representa), sino porque se elegirán casi 21 mil cargos de representación popular.

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, lo explicó con abundante numeralia, pero sobre todo con el argumento de que siguieron a pie juntillas los lineamientos macroeconómicos y de austeridad republicana marcados por Hacienda y las leyes vigentes.

El tamaño de la contienda pasa por 629 cargos federales (incluida la Presidencia de la República y la renovación del Congreso de la Unión), pero también por un caudal de puestos estatales, municipales, locales y comunitarios.

Al final, la solicitud del INE es 11 por ciento mayor a lo que pidió en 2018, frente a lo cual los consejeros recalcaron que la comparación, sin embargo, no puede ser lineal, porque aquel año el padrón era de 90.8 millones de personas, mientras en 2024 éste rebasará 98 millones y, en consecuencia, habrán de instalarse 14 mil casillas más.

El INE pagará por la impresión de 312 millones de boletas para comicios federales, y por primera vez habrá en un solo día (2 de junio) elecciones en todo el país para distintos niveles de representación.

Por ley, el INE hará todos los conteos rápidos y habrá votación en prisión preventiva en todo el territorio nacional, lo mismo que voto anticipado (ciudadanos que no pueden ir a las casillas) y presencial en 20 consulados, sin contar otras alternativas de sufragio.

Algunos consejeros de mayor antigüedad, como Dania Ravel, dijeron que es necesario defender la autonomía constitucional del INE. Ravel agregó que los recortes anteriores fueron aplicados “con base en creencias” y no en la importancia de cada peso que se da al árbitro electoral.

En tanto, el representante del PT, Pedro Vázquez, uno de los decanos de la mesa de consejo, adujo que los anteriores integrantes de esta máxima instancia en realidad “politizaron de manera frívola y sectaria” el tema del presupuesto.

Antes, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, señaló la necesidad de “dignificar” al organismo y que la nueva relación del INE con el gobierno no sea de subordinación. Exigió que la conducción del proceso sea “sin sesgos, regateos o presiones de ningún poder y mucho menos a la línea de partido político alguno”.

En ese contexto y sin perder de vista lo que puede ocurrir en San Lázaro, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, recordó que el país tiene frente a sí la elección “más compleja, más grande, más complicada de la historia del país”, así que el compromiso del INE es ser “efectivo y no poner absolutamente nada en riesgo del proceso electoral”.