El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) no es para el retiro: es un sistema de ahorro forzoso que no cumple su oferta de pagar pensiones dignas. La ecuación está invertida. Los tecnócratas peñistas en Consar lo expresaron así: “el crecimiento acelerado de los recursos SAR no excluye el reto de lograr mejores pensiones para los trabajadores al retirarse”. ¿No excluye? ¡Si ese ahorro es para el retiro! Esos billonarios recursos pagan pensiones miserables.
Aunque como opositor López Obrador nunca trató las pensiones, ya como presidente asumió el asunto con pronóstico reservado. En 2020 estableció la “pensión” para adultos mayores (2020) –en realidad un oportuno apoyo– y en diciembre operó un tibio ajuste al Apartado A (artículo 123 constitucional), preservando el pago de pensiones por Afore, que patea el bote a 2030. Se otorgan más recursos fiscales que podrían utilizarse para atender de distinta manera el desafío pensionario. Para el apartado B aún no se toman decisiones.
El 17 de febrero de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que topa las pensiones de los servidores públicos a umas con afectación directa sobre su retiro. Mientras, siguieron reformas paramétricas en entidades federativas y universidades, no así a nivel municipal. En enero 2023, México aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015.
El tibio ajuste al Apartado A (decreto del 16/12/20) contiene perversidades tecnocráticas diseñadas por despachos patronales del Consejo Coordinador Empresarial y ex funcionarios de la SHCP neoliberal que la ocuparon ya con AMLO. Su financiamiento transita del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (privatizado por la reforma Zedillo/IMSS/1995 que administran Afores y compañías de seguros) a un seguro popular pensionario: diferentes niveles en el sótano, pagadas con recursos fiscales. Activa dos regímenes y segmenta a los trabajadores en dos grupos, es decir, para los de bajos salarios de cotización, un salario mínimo hasta cuatro umas y otro para salarios de cotización más altos de cuatro y hasta 25 umas que elimina la aportación del Estado, el tripartismo, como base del financiamiento. El primer segmento recibirá un subsidio mayor. Junto con pymes, concentra la cuota social del gobierno federal, la mayor afiliación al IMSS y acumulará mayor ahorro (por la aportación gubernamental) en sus cuentas individuales para el pago futuro de la pensión mínima garantizada (PMG). El informe institucional 2019-2020-IMSS documenta que en 10 años el rango salarial de más de dos y hasta seis umas fue el de mayor creación de empleo, pues representó 74 por ciento. Al segundo segmento, el decreto les reserva una PMG “para trabajadores no tan pobres”. Se instala así un régimen de pensiones mínimas garantizadas de primera y segunda.
El decreto sólo patea el bote y pospone el asunto para 2030, no corrige y complica sin elevar pensiones. Además de los riesgos financieros que impuso Zedillo, anticipa otros dos nuevos. Uno sobre Afores: renta vitalicia, seguro de sobrevivencia para familiares PMG, y otro sobre las cotizaciones/pensiones de la Ley IMSS-1973 que se ha pretendido topar de 25 a 10 umas. Sin embargo, el modelo de pago de pensiones por cuentas individuales, el modelo Afore queda intacto. Como señala AMLO, “no estamos satisfechos”.
Con una Consar-4T que, haciendo exactamente lo mismo que en el neoliberalismo espera resultados diferentes, no hay mejora pensionaria posible. Su necia insistencia en el ahorro voluntario y el mito de la educación financiera es una quimera. No hay crecimiento del seguro social sin crecimiento económico formal, empleos y salarios lo que garantiza el retiro digno. Innovar en materia del seguro social es la tarea. Mientras se revisa el Apartado A, ¿qué oportunidades se abren para el Apartado B, pensiones estatales, universitarias y municipales?
Siguiendo las diferentes declaraciones de AMLO para el Apartado B debe puntualizarse que, frente al impacto de la uma, el oportuno aumento de la “pensión” para adultos mayores (en realidad un apoyo), no compensa al no atender a los trabajadores activos que pasarán a retiro con pensiones ganadas por años de servicio, además de que esa “pensión” subsidia Afores con recursos fiscales, mientras ellas pagan pensiones en el sótano.
Superado el sólo quitar, se requieren alternativas viables (con costo fiscal) para remodelajes pensionarios deseables innovadores no neoliberales transitando de lo posible a lo supuestamente imposible. Hay que dar ordenadamente con apoyos actuariales capacitados reforzando el régimen de beneficio definido (fondo solidario) con la capitalización individual (Afore), alineando los ajustes al salario base de cotización pospuestos desde 1982 por los neoliberales, así como corrigiendo las inercias sobre el régimen de beneficio definido heredadas desde 1982. En suma, un cambio de paradigma.
