Un juez federal dio 24 horas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) para que entregue a la Fiscalía General de la República (FGR) la carpeta correspondiente al asesinato de Samir Flores Soberanes, perpetrado el 20 de febrero de 2019 cuando el activista se encontraba fuera de su domicilio en Amilcingo, municipio de Temoac. En junio pasado, la FGR reconoció que el atentado debía investigarse con énfasis en el trabajo de Samir como informador comunitario y su activismo contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), por lo que determinó atraer el caso a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle). Sin embargo, la FGE encabezada por Uriel Carmona Gándara se negó a ceder la indagatoria. Pese a que Carmona Gándara se encuentra detenido desde el día 4 de este mes, la FGE mantuvo su rechazo a trasladar sus competencias, junto a los documentos, evidencias y testimonios recopilados.
Las investigaciones en torno al asesinato de Samir se encuentran teñidas por la sospecha y la falta de resultados desde un inicio. Como han señalado de manera reiterado integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), al que pertenecía Flores Soberanes, las diligencias estuvieron marcadas por una lastimosa negligencia, y cuatro años y medio después siguen sin arrojar avances. Menos de dos meses después del asesinato de Samir, el principal testigo del crimen, un policía de Temoac identificado como EPF, murió en un presunto accidente vial en el curso de una persecución policiaca. El testimonio de EPF condujo a Azael N, El Hassan, propietario del vehículo en el que supuestamente viajaban los sicarios, pero Azael habría sido ultimado en enero de 2020. Compañeros de lucha de Samir ponen en duda la muerte de Azael y exigen que sea investigada. Posteriormente, la FGE acusó de autor material del homicidio a un hombre identificado como Javier N, imputación denunciada como un acto de simulación y montaje por Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos.
Con estos antecedentes, la negativa de la FGE a ceder el caso a su par federal no hace sino reforzar la percepción de que en todo este tiempo Carmona Gándara y sus subalternos trabajaron no para esclarecer lo ocurrido ni para dar con los culpables, sino para encubrir a los responsables y mantenerlos en absoluta impunidad. La atracción del expediente por parte de la FGR abre la oportunidad de echar luz sobre el crimen y desentrañar la red de complicidades que llevaron a la trágica muerte de Samir y a la sistemática obstrucción de la justicia. Para que el cambio de jurisdicción se traduzca en resultados creíbles será preciso que la Feadle desarrolle sus pesquisas desde una perspectiva amplia, sin eludir los posibles móviles políticos del atentado. En este sentido, será imperativo considerar la lucha que desde 2013 el FPDTA mantiene en contra del PIM, una megaobra iniciada en el sexenio de Felipe Calderón sin tomar en cuenta a las poblaciones en las que se situaría y sin estudios confiables de riesgos ambientales y sociales; ejecutada en su mayor parte durante el gobierno de Enrique Peña Nieto mediante la represión o la cooptación de los opositores, y recibida prácticamente completa por la actual administración.
La FGR debe llevar adelante su cometido con la mayor prolijidad a fin de ofrecer a las comunidades directamente afectadas, así como a la sociedad mexicana en general, un informe que despeje todas las dudas generadas a lo largo de estos años y permita cerrar el caso en términos de verdadera justicia; es decir, con deslinde de responsabilidades, sanción a los culpables, reparación integral del daño y garantías de no repetición. La participación y el seguimiento ciudadanos serán fundamentales para el cumplimiento cabal de estos propósitos.
