Ciudad de México. En el despojo de inmuebles en la Ciudad de México se ha detectado la participación de grupos criminales, los cuales obtienen ganancias “actuando reiteradamente contra adultos mayores, usando viviendas abandonadas en unidades habitacionales, edificios, predios, locales y vecindades del Centro Histórico, así como en colonias de alta plusvalía y en zonas ejidales de Tláhuac y Xochimilco”, según información de autoridades locales.

En el Plan de Política Criminal 2023 que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) remitió al Congreso local señala que “se ha detectado la compraventa por medio de contratos apócrifos, daciones en pago y juicios civiles, en los que se presenta documentación falsa del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la Tesorería de la ciudad e instrumentos notariales”.

En el apartado del documento titulado Política para el fortalecimiento de la investigación del delito de despojo, se indica que “participan abogados, notarios, arquitectos y grupos violentos”, entre otros, por lo que con el fin de combatir este problema se trabaja en conjunto con el Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia “para poner en marcha una estrategia llamada mesa de despojos”.

Ésta consiste en asegurar los inmuebles que han sido objeto de ese ilícito y entregarlos a las personas que tengan un derecho legítimo sobre ellos, previa investigación y análisis de la documentación existente.

En las mesas participan la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la FGJ, la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu), la Policía de Investigación, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Administración y Finanzas, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Vivienda.

Buscan reforma para detenciones en flagrancia

En el Programa de Persecución Penal 2023, que también se entregó a los legisladores locales, en el capítulo titulado Estrategias para dar continuidad a la política para la investigación del delito de despojo, la institución adelanta que “se presentará una iniciativa de reforma al tipo penal del delito de despojo, que adecue su descripción y permita detener al despojante en flagrancia”.

La Fiscalía continuará “con las acciones para la recuperación de inmuebles e incrementará el número de aseguramientos por año y su restitución”.

Además, se realizarán labores coordinadas con la Procuraduría Social a fin de que las carpetas relacionadas con conflictos vecinales, sean atendidas por dicha institución, así como con el Tribunal Superior de Justicia, a efecto de tratar los asuntos por conflictos familiares o herencias”.

La FGJ precisó que continúa la estrategia de coordinación por medio de las mesas de despojos, las cuales se fortalecerán con la participación del gobierno central y la representación activa de las áreas y dependencias mencionadas, con las que se evaluarán los resultados para fijar metas específicas y el lapso de ejecución.

La institución explica en el documento que la finalidad es acelerar la integración de las carpetas con los informes que rindan las áreas o dependencias para aplicar las acciones que permitan confiscar los inmuebles hasta determinar quién está legitimado para recibirlo.

Los resultados de la estrategia, comparados con los últimos cuatro años, muestran una mejora notable en la cifra de propiedades aseguradas y devueltas. En 2019 fueron retenidas 106 y restituidas 75; al siguiente, 123 por 61 devueltas; en 2021 se aseguraron 39 y se regresaron 28, mientras el año pasado se recogieron 462 y se restituyeron 113 inmuebles.