Los más de 2 mil trabajadores afiliados a la sección 304 del Sindicato Nacional Minero cumplieron más de dos meses de haber iniciado la huelga en la mina de oro Peñasquito, propiedad de la trasnacional estadunidense Newmont, sin que hasta el momento haya visos de solución a sus demandas en su contrato colectivo y el pago de las utilidades que por ley les corresponden.

Desde la mina ubicada en el semidesierto del municipio de Mazapil, en Zacatecas, donde los trabajadores se turnan para montar guardias en el perímetro del gigantesco yacimiento, reiteraron su disposición al diálogo y a la negociación para solucionar el conflicto.

Nahir Velasco, coordinador jurídico del Sindicato Nacional Minero que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, sostuvo que los trabajadores “siguen optimistas, están preparados y siempre vamos a apostar al diálogo social”.

En los últimos días se ha intensificado la exigencia de la empresa de poner fin a la huelga que estalló el 7 de junio pasado, ya que desde entonces Newmont ha perdido más de 183 millones de dólares.

Además, al cumplirse 60 días de huelga, presentó un procedimiento legal ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, para analizar de fondo las pretensiones sobre las cuales el sindicato sustenta sus demandas, principalmente el pago de utilidades.

Ramón Monsiváis Ortega, secretario de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, indicó que las mineras reportan millones de dólares en pérdidas cuando estalla una huelga, pero “cuando operamos eso no lo vemos” ya que cada año las utilidades son menores o no hay.

Categórico, Donaldo Guevara, integrante del comité local de la sección 304, rechazó que pretendan cobrar 20 por ciento de utilidades, como acusó la empresa, e insistieron en que Newmont oculta sus utilidades reales.

La inconformidad de los mineros radica en que en 2022, la empresa pagó sólo uno por ciento de utilidades. Cuando acepta cubrir 9 por ciento restante, paga entre 400 mil y 500 mil pesos a cada trabajador, pero “lo hicieron pasar como un bono”, señaló el dirigente sindical.

Esta situación implicó que la declaración fiscal de la trasnacional “se infle y tengamos menos utilidades” porque ponen ese bono como un costo.

El año pasado cada obrero de la sección 304 recibió alrededor de 700 mil pesos (que incluye el bono mencionado), pero en 2023 les entregaron 240 mil pesos por concepto de pago de utilidades, expuso.

“Sólo pedimos que se esclarezca la declaración fiscal del ejercicio 2022 y que presentaron este año”, recalcó Monsiváis Ortega.

Entre las violaciones a la ley laboral y el Contrato Colectivo de Trabajo que los llevó a estallar la huelga, están las cláusulas 5, 7 y 11, relacionadas con la contratación de personal para las operaciones desde 2019, y la 37, que tiene que ver con seguridad e higiene.