Otro motivo para auspiciar la modificación de la Ley Orgánica de la UNAM lo constituye el modo en que se toman las decisiones universitarias, y de manera especial la existencia de la llamada Junta de Gobierno (JG): autoridad formal encargada de designar, salvo a los integrantes del Consejo Universitario (CU) y de los consejos técnicos, a las autoridades formales de la institución, es decir, al rector, los directores de facultades, escuelas e institutos, así como a los tres integrantes del patronato.
En noviembre venidero la JG designará al próximo rector de la institución. La JG se integra por 15 personas, quienes harán la designación a nombre de más de 400 mil universitarios. De ese tamaño es la “democracia” que oficialmente se presume para el nombramiento que se avecina.
Por lo preceptuado en la Ley Orgánica, para nominar al rector, la JG “explorará, en la forma en que estime prudente, la opinión de los universitarios”. He ahí el meollo del asunto. Exploración a la que, no sé por qué motivos concretos, ni desde cuándo, se le conoce comúnmente por su seudónimo “auscultación”.
Pese a que el CU se encarga en la UNAM de expedir las normas derivadas de su Ley Orgánica, ésta establece de manera excepcional que corresponde a la JG expedir su propio reglamento. (El CU, por tanto, ha estado relegado para reglamentar la exploración citada.) Dos meses después de la publicación de la Ley Orgánica, la JG expidió, el 13 de marzo de 1945, el reglamento interior de la Junta de Gobierno compuesto por 12 artículos, y en ninguno de ellos, por sorprendente que parezca, se menciona la exploración. ¿Los autores se olvidaron del asunto, o les pareció irrelevante, o quizá decidieron, por “prudencia”, no pronunciarse al respecto? En casi 80 años transcurridos, los integrantes que han pasado por la JG no han establecido reglas, procedimientos, mecanismos y alcances para la exploración de la opinión de los universitarios, a pesar de que en cada designación de rector, cuando menos desde que tengo memoria y he podido documentar, salvo rarísimas excepciones, los universitarios, invariablemente, hemos cuestionado por oscura y autoritaria la exploración y la forma en que se designa al rector de la UNAM.
Es tiempo de que se transparente, tras casi ocho décadas, la manera en que ha de ponerse en práctica la exploración. Por si se quiere proceder legalmente, conforme al reglamento, existe una salida rápida y sencilla para salvar el asunto. Bastaría que, en la próxima reunión de la JG, los participantes, con sensibilidad universitaria, buen sentido y voluntad política, decidieran incorporar a su reglamento un artículo que verse sobre la exploración de la opinión universitaria. El precepto tendría aplicación en la misma sesión, si fuera votado por 10 de los integrantes, o a partir de la siguiente, si la votación fuera menor. ¿Más fácil que eso? Tal vez sería suficiente un comunicado de la JG a los universitarios, con el compromiso de realizar una exploración transparente, amplia y convincente. ¿Es mucho pedir a la JG que se acerque a los universitarios?
Con anterioridad, Luis Villoro, siendo miembro de la JG durante el rectorado de Pablo González Casanova, escribió: “la falta de vías establecidas para que la ‘auscultación’ de la opinión universitaria sea efectiva, han convertido a la JG en un poder insuficientemente controlado por la comunidad universitaria y que podría, en cualquier momento, actuar sin consenso” (como ha sucedido regularmente, digo yo). Y agrega: “La ‘auscultación’ de la opinión universitaria debería estar reglamentada y ser obligatoria, hasta el grado de que la junta actúe prácticamente como recaudadora e intérprete de la opinión de todos los sectores universitarios y su decisión ratifique la selección efectuada por profesores, investigadores y alumnos” (al más puro estilo zapatista), por lo que remata: “De tomar esas medidas, la existencia de la JG, además de preservar la independencia de la universidad, aseguraría su funcionamiento democrático” ( El régimen legal y la idea de la universidad , 1972, pp. 11 y 12). ¡Vaya desafío, a sus sucesores!, ojalá se animen y recojan las palabras del filósofo. (Falta explorar qué pasó con la propuesta del interesado mientras participó en la JG. ¿Quién se anima?)
Se preguntará algún lector por qué no sugiero que sea el CU el que tome la iniciativa de pedir a la JG que se reúna para estudiar el asunto y modificar el reglamento. Por una sencilla razón, por absurda que parezca: durante la existencia del reglamento, únicamente dos artículos han sido modificados (26 de junio de 1973, artículos 5 y 6); y uno de los cambios se hizo para suprimir la posibilidad de que el CU solicite a la JG que se reúna para tratar algún asunto (por ejemplo, la exploración). El CU, por tanto, quedó con las manos atadas en tan relevante asunto; no está facultado legalmente para pedir a la JG que reglamente la exploración. El rector, ese sí, por su investidura y a título personal, reglamentariamente, podría hacer la invitación.
Considero que en los tiempos de sucesión que vienen, el rector Enrique Graue, los candidatos a remplazarlo, los miembros de la Junta de Gobierno, los consejeros universitarios y técnicos, y los universitarios todos, deberemos reflexionar en la importancia de poner en marcha una exploración o auscultación informada, clara, incuestionable y bien intencionada. Me ilusiona saber que circula un escrito de universitarios que demanda en ese sentido. Empujemos entre todos. La UNAM necesita con avidez un buen rector o rectora, lo merece. La JG tiene la palabra.
¡Elevemos la mirada de la educación!
* Profesor en la UNAM
