Ante diputados, el coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, destacó la necesidad de contar con una reforma constitucional que otorgue claridad en la obligación que tienen los municipios, estados y la Federación en la materia.

También para crear un espacio de coordinación y un cambio jurídico, con el propósito de convertirnos “en un mecanismo de protección nacional que pueda emitir resoluciones vinculantes y obligatorias para estados y municipios”.

Al informar que requieren para el próximo año un presupuesto de mínimo 800 millones de pesos, consideró relevante estructurar una política de prevención a nivel nacional y contar con un programa de prevención para cubrir los requerimientos en las 32 entidades de la República.

Con base en información recopilada por la Secretaría de Gobernación, indicó que hasta el momento se han contabilizado 58 asesinatos de periodistas (de diciembre de 2018 a la fecha), y 107 de defensores de derechos humanos.

Entre los factores de riesgo, mencionó la impunidad, la corrupción y dijo que más de 40 por ciento de las agresiones son cometidas por autoridades municipales.

Informó que hasta el momento, hay más de 600 periodistas integrados al mecanismo, de los cuales 161 son mujeres y 443 hombres, y también mil 179 personas defensoras, además de 387 familiares de ambos sectores.

Los estados con más integración de personas son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, estado de México, Sonora y Jalisco.