Ante la desaparición de cinco jóvenes en la región de los Altos de Jalisco, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprovecharon para asegurar que el crimen organizado se está afianzando en diversos territorios del país, mientras el gobierno federal no hace nada.

Por la mañana, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado por concluida su conferencia de prensa, desde el fondo del salón Tesorería surgieron preguntas de los reporteros sobre lo ocurrido con esos chicos. El mandatario no respondió.

En sesión de la Tercera Comisión de la Permanente, la diputada priísta Carolina Viggiano expuso que las desapariciones van en aumento al igual que otros delitos, como la trata de personas. Esto tiene que ver con delincuencia organizada, la cual se está apoderando de muchos espacios, aseguró.

El crimen se está haciendo más fuerte que el Estado mexicano, lo que es muy peligroso y no puede parecer normal, puntualizó Viggiano. Sentenció que si no se está cumpliendo con dar seguridad, se está fallando absolutamente.

Más tarde, en conferencia de prensa, el senador panista Damián Zepeda resaltó que la presunta brutalidad en el caso de estos jóvenes muestra el grado terrible de violencia al que las organizaciones criminales han llevado al país, mientras el gobierno federal “voltea para otro lado y no hace nada”.

Amnistía Internacional México aseveró que estos hechos obligan a reiterar la exigencia a las autoridades estatales y federales “de que empiecen a dar pasos mucho más claros hacia una sociedad libre de violencia”.

La directora ejecutiva de la organización, Edith Olivares, condenó la violencia de los criminales y demandó que se garantice que “las personas podamos transitar por cualquier lugar de la República sin temor a desaparecer, ser torturados y a las diferentes agresiones a las que estamos expuestas”.

Exigió respeto a las familias de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Alonso Miranda y Dante Hernández, desaparecidos el pasado 11 de agosto, y frenar la difusión del video en el que presumiblemente aparecen siendo víctimas de violencia extrema.

El gobierno de Jalisco y las autoridades federales “tienen la responsabilidad de dar con el paradero de las más de 105 mil personas desaparecidas en el país, y de que las víctimas accedan a la verdad y a la reparación integral del daño”.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez manifestó que la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno y el video en el que presumiblemente aparecen “evidencian la inhumanidad de los grupos delictivos y la incapacidad del Estado para contenerlos, consecuencia de que en muchas regiones existe connivencia”.

La agrupación civil Reinserta, en tanto, llamó en forma “urgente a todas las autoridades responsables de la seguridad a prevenir y proteger a las infancias y juventudes en México”.