Tlalnepantla, Méx., Una juez de control vinculó a proceso a seis trabajadores del restaurante bar Black Royce como probables responsables del delito de homicidio simple del empresario Íñigo Arenas Saiz, hallado muerto dentro del establecimiento el pasado 6 de agosto.

La juzgadora declaró a las 1:50 horas de este miércoles sujetos a proceso legal a Aritzi Abril N, a dos empleadas de nombre Ana Karen y a otra más llamada Cecilia, así como al capitán de meseros Eduardo N y al encargado de seguridad del establecimiento, Carlos Daniel N, a quienes se ingresó al penal de Barrientos en calidad de imputados.

Durante la audiencia inicial, que se prolongó por 16 horas, la juez consideró suficientes los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contra los ahora procesados.

En la declaración de vinculación a proceso, la juzgadora consideró “no suficientes” los argumentos de la defensa, que intentó desvirtuar las pruebas de la FGJEM y probar que la víctima falleció por muerte natural resultado de ingesta excesiva de alcohol.

Planteó que los detenidos incurrieron en conductas que conllevan riesgos, ninguno las evitó y concluyeron con el deceso de Arenas.

Narró que, según pruebas de la FGJEM, el 6 de agosto alrededor de las 3:11, el ahora finado llegó ebrio al Black Royce y fue invitado a pasar a la zona VIP, donde le exigieron pagar 40 mil pesos por cuatro botellas de champaña, y lo acompañaron en el área exclusiva las cuatro mujeres involucradas.

Expuso que alrededor de las 5 de la madrugada Arenas Saiz presentó un cuadro de inestabilidad y a las 6:39, el capitán de meseros y el gerente lo bajaron de la zona VIP, lo sentaron en un sillón de la salida de emergencia mientras llegaban servicios médicos, y cuando éstos arribaron confirmaron su deceso.

El gerente Ricardo N, junto con siete involucrados, habría ofrecido 20 mil pesos a la policía para que no investigara el asunto y por eso se inició una denuncia penal por intento de soborno.

La jueza planteó que, según el gerente, un polvo verde en una bebida propició la muerte del empresario y era aceptable la hipótesis de la FGJEM, que establece que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por sofocación inducida, en su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y sustancias químicas.

La togada dio un plazo de tres meses para que la FGJEM concluya sus investigaciones y fijó la audiencia siguiente para el 12 de octubre.

Durante la diligencia, familiares, amigos y compañeros de trabajo de los seis imputados se manifestaron frente al edificio de juzgados orales y de control de San Pedro Barrientos, y aseguraron que se “fabricó un delito” a los acusados.