Los expertos del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia denunciaron que a 22 meses de su mandato no han tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que es “crucial” para la investigación sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
En un informe técnico, señalaron que hay opacidad en torno a la transferencia de la documentación que el CNI, a cargo del general Audomaro Martínez, está obligado a realizar al Archivo General de la Nación (AGN) –a partir del acuerdo presidencial de 2019–, además de que en dicha institución faltan expedientes, pues a pesar de que hay evidencia de que existen, no están disponibles.
Entre ellos, los relacionados a la Brigada Blanca, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y asesinatos de periodistas y figuras políticas, como el vicecónsul estadunidense John Patterson, y de agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Resistencias
David Fernández Dávalos, integrante del MEH, aseveró en entrevista con La Jornada que con base en el actuar del CNI se puede inferir que hay un ocultamiento deliberado de información, como también denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Nosotros inferimos que están desacatando la orden presidencial” y al mismo tiempo “que existen todavía algunos sectores políticos y de seguridad que provienen de aquellos tiempos y que tienen preocupación de que algunos de estos hechos salgan a la luz; es decir, que de alguna manera hay una línea de continuidad entre los viejos represores y los que actualmente tienen bajo su responsabilidad la custodia de estos archivos”, sostuvo.
En el informe, el MEH indicó que el acuerdo presidencial de 2019 ordena a todas las oficinas del gobierno federal transferir “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.
Sin embargo, “ha sido incumplida parcial o totalmente por parte de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Fiscalía General de la República y el CNI”.
Fernández Dávalos, Abel Barrera, Carlos Pérez y Eugenia Allier detallaron que si bien el CNI dice haber cumplido y realizado su transferencia en septiembre de 2020, no ha dado las actas sobre ello.
Por su parte, el AGN les expuso en febrero de 2023 haber recibido solamente el expediente sobre el homicidio de Manuel Buendía (1984), que está disponible para consulta. No obstante, también indicó que no ha terminado de revisar y hacer la compulsa de los documentos históricos transferidos del CNI.
Asimismo, los expertos del mecanismo presentaron evidencia de que hay expedientes que nunca fueron entregados al AGN y otros que pasaron por sus galerías, pero hoy están en condición de “no localizados”.
Sostuvieron que son incluso series enteras registradas en el Catálogo DFS, de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Dgisen) y Cisen, como la de expedientes 009-033-001 a 009-033-086. De los 86 listados, 38 nunca fueron transferidos.
Igualmente hay pruebas para afirmar que expedientes personales de agentes claves de la DFS pudieron haber sido sustraídos. Entre ellos el de Marcial Rafael Macedo de la Concha, ex procurador general, quien desempeñó tareas en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Ante ello, el MEH llamó al CNI a acatar la orden presidencial para garantizar la transferencia total de archivos y expedientes, y demandó el acceso a la brevedad a los depósitos en bóveda tanto de dicho centro como del AGN. Agregó que pese a este contexto seguirán realizando su trabajo para concluir el informe final que entregarán en septiembre de 2024.
