El proceso electoral de Guatemala, que de forma inesperada puso en el umbral de la presidencia a Bernardo Arévalo, un candidato que se define socialdemócrata, con una marcada agenda anticorrupción, “nos ha dado a los exiliados mucha esperanza de poder regresar a nuestro país”, sostienen Andrea y Lucía Ixchiú, dos hermanas que son, según se definen, “dos patojas indias, rebeldes y además activistas digitales nerdas”.

Quichés de la sierra de Totonicapán, eran unas veinteañeras en 2011 cuando empezaron a destacar como organizadoras y oradoras en las grandes concentraciones populares que salieron a las calles exigiendo el desafuero y juicio contra los entonces presidente Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Baldetti. El Comité Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) había revelado enormes casos de corrupción operados desde el Palacio Nacional.

Hoy Pérez Molina y Baldetti están en la cárcel. Pero las hermanas Ixchiú están en el exilio.

Articulando su activismo en su grupo Festivales Solidarios con otros colectivos juveniles contraculturales y variadas organizaciones sociales, mantuvieron durante 10 años la protesta y la música en las calles: pidieron el desafuero y juicio contra el presidente Jimmy Morales, luego contra el actual mandatario Alejandro Giammattei.

Se rebelaron contra el patriarcado, extractivismo y la depredación de los bosques; contra la represión, la corrupción, por los derechos humanos y de las niñas y las mujeres. Ese clima de protesta y resistencia abrió la brecha que ahora desemboca en el entusiasmo popular por Movimiento Semilla.

El encarcelamiento del general Pérez Molina, que siendo coronel del ejército fue uno de los operadores de la tierra arrasada que diezmó el triángulo Ixil, y que siendo presidente armó un entramado de corrupción masiva en las aduanas, fue, en palabras de Andrea Ixchiú, “una gran victoria por la narrativa. Demostramos que cuando hay voluntad sí se le puede ganar a la corrupción”.

Ella estudió biología, luego leyes, comunicación y ahora es cineasta. No había cumplido 30 años cuando recibió el bastón de mando como auto-ridad del Consejo de los 48 Cantones de Totonicapán, la organización quiché más influyente, integrada en su mayoría por ancianos.

Fue protagonista del documental 500 años, parte de una trilogía de la cineasta estadunidense Pamela Yates. Fue fundadora y reportera de Prensa Comunitaria, el único medio que informa para los territorios indígenas.

Además, es baterista (lo suyo es el punk), también hace cine, lleva una argolla en la nariz y cuando decide ponerse el traje típico de su región lo hace con el corte minifalda y botas mineras.

Tiene 35 años y tuvo que salir a México en 2020, por recomendación de sus abogados, que detectaron que desde la Fiscalía General que dirige Consuelo Porras se le estaba “armando un caso” para meterla a la cárcel, acusada sin pruebas de incendiar el Congreso.

Lucía, su hermana, estudió arquitectura en la Universidad de San Carlos y fue la primera mujer indígena en el liderazgo estudiantil que se levantó para impedir el nombramiento de un rector espurio. Ella también fue perseguida y buscó asilo en España. Lleva en un brazo, como brazalete, un tatuaje con el diseño del corte tradicional de Toto, su manera de llevar a su tierra consigo.

“Caminen, patojas”

Cuando tuvieron que acatar la recomendación de salir de Guatemala luego de los primeros y vertiginosos meses de la pandemia en 2020 –llenos de protestas, activismo, amenazas y hasta golpizas– se reunió toda la familia Ixchiú en la casa paterna con un sacerdote maya en una ceremonia para la partida. “El abuelito nos dijo: se les cierran las puertas de Guatemala, pero se les abren las puertas del mundo. Caminen, patojas”.

Ahora, desde México, se asoman ilusionadas a las redes sociales y los medios informativos que dan cuenta del vuelco político en marcha en su país. “Arévalo es el único candidato con legitimidad a los ojos de nuestros pueblos. Con Movimiento Semilla, que tuvo siete escaños en la legislatura que está por concluir, fue el único que realmente hizo oposición al gobierno corrupto de Alejandro Giammattei”.

Vibran con las noticias de los pronunciamientos de casi todas las organizaciones indígenas de su región y muchas otras –Verapaz, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Quiché– que comprometen movilizar el voto en favor de la dupla Bernardo Arévalo y Karim Herrera para vicepresidenta. Y con el diálogo reciente que los dos candidatos punteros sostuvieron con autoridades ancestrales de los pueblos chortí, quiché, mam, poqomam, poqomchi, achii, q’eqchi’, kaqchikel, tzutujil y garífuna, explicando a profundidad su plan de gobierno, su visión de país, sus retos y sus aspiraciones.

Afirman que eso es lo que precisamente hace falta en este momento, que Movimiento Semilla, un partido que atrae principalmente el interés de las clases medias urbanas, aproveche la ilusión que ha despertado en los territorios indígenas y campesinos, donde por inercia desde la presidencia de Álvaro Colom la población rural vota principalmente por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de su contrincante Sandra Torres.

Lo que ha pasado en las calles en la última década llena de movilizaciones y marchas masivas es el relato de sus propias vidas.

Empezó en 2015. Los escándalos de corrupción del presidente Pérez Molina y su vicepresidenta Baldetti indignaban a la población. Ésta había cometido fraude con una empresa farmacéutica que debía vender tratamientos de hemodiálisis al instituto de seguridad social guatemalteco.

Más de 50 pacientes murieron por la falta del medicamento. Y el caso de “la línea”, un esquema de defraudación en aduanas operado por el presidente. Con su altavoz en mano, Andrea Ixchiú se puso al frente del movimiento que logró tirar al gobierno.

En 2012 un grupo de periodistas fundaron Prensa Comunitaria, que ha crecido en influencia en los territorios. Andrea y Lucía reporteaban. Mientras, la Cicig tenía sus conferencias de prensa semanales, los “jueves de Cicig, unas verdaderas cátedras de corrupción y poder”.

Al año siguiente fue el juicio por genocidio del general Efraín Ríos Montt. Una cada vez más poderosa Fundación contra el Terrorismo atacó con furia los relatos de las masacres de los ixiles con un movimiento propagandístico “No hubo genocidio”. En las calles, los jóvenes de la resistencia enfrentaban a los “camisas blancas”, los negacionistas.

Esta fundación de ultraderecha la emprendió con campañas de desprestigio, plagadas de racismo y violencia sexual, contra las chicas Ixchiú. Incluidas las amenazas de muerte. El currículo de estas jóvenes siguió sumando: protestas contra la masacre de la llamada Cumbre de Alaska, en su amado Totonicapán, movilizaciones por el incendio de Hogar Seguro, una casa de acogida de niñas y adolescentes donde 41 niñas murieron calcinadas, concentraciones contra la expulsión del Cicig en 2019.

En 2020 “estábamos preparando un festival contra la minería y ¡pas! la pandemia y el encierro”. Un día Andrea se asomó a la ventana de su casa, que domina el valle de Totonicapán. En todas las casas ondeaba una bandera blanca, señal de que ya no tenían que comer. “Adiós confinamiento.

Salimos, nos organizamos: comedores, ollas comunes, cubrebocas de fibra de maíz. Estábamos solos. El gobierno se robaba la ayuda, vacunaba con medicamento caduco, implantó un bono solidario que solo benefició a la clase media. Con decirte que en la frontera México vacunó a más guatemaltecos que nuestro propio gobierno”.

Cada uno de esos relatos, vistos en su conjunto, parecen ser el abono de lo que hoy empuja al Movimiento Semilla.