Por improcedente fue desechada la controversia constitucional promovida por el Congreso de Morelos, que impugnaba la detención del fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encargado de analizar el asunto, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló que el proceso judicial en contra del ex funcionario no invadió las facultades legales del Legislativo estatal.
El juicio constitucional lo promovió el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, el panista Francisco Sánchez Zavala, al impugnar la orden de aprehensión librada contra Carmona, la cual fue concedida con base en la carpeta de investigación CI-FIEAE/C/UI-1C/D/00211/08/2023, que señala posibles acciones del imputado para tergiversar las pesquisas del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, cometido el año pasado.
López Díaz fue asesinada en un departamento de la colonia Condesa de la Ciudad de México y abandonaron su cadáver en la autopista a Cuernavaca. El fiscal de Morelos asumió la investigación en un principio y declaró que la víctima había muerto por broncoaspiración. Las autoridades capitalinas revisaron el caso y comprobaron que se trató de un feminicidio.
La legislatura de Morelos también buscaba que los ministros declararan ilegal la orden de cateo que permitió la captura de Carmona y su vinculación a proceso, incluida la orden para que permanezca en prisión preventiva justificada.
El ministro Zaldívar explicó que la controversia constitucional es un procedimiento para resolver conflictos por invasión de facultades entre poderes, organismos u órdenes de gobierno, lo cual en este caso no se advierte que haya ocurrido.
“Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de controversia constitucional que hace valer el presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos”, refiere el acuerdo publicado.
La fiscalía de la CDMX insiste en una “sanción ejemplar”
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se congratuló de que la SCJN desechara la controversia constitucional.
“Combatimos la impunidad, y en este caso en particular, buscamos justicia para Ariadna Fernanda y su familia, por lo que no sólo hemos buscado a los posibles responsables materiales del feminicidio, sino que también hemos ido a fondo para buscar una sanción ejemplar en contra del citado servidor público”, afirmó la institución.
