La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) notificó a una jueza de distrito que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la suspensión que le concedió a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) contra la impresión de los libros de primaria para el ciclo escolar 2023-24.

Sin embargo, el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, respondió que las autoridades educativas están obligadas a acatar la suspensión otorgada al organización no gubernamental el pasado 25 de mayo.

“Se recibe el oficio presentado en representación de la Titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, mediante el cual reitera su imposibilidad para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en autos, por las razones que expone. Al respecto, deberá estarse a lo acordado en auto de 6 de junio de 2023 y en la resolución interlocutoria 29 de junio de 2023, en el que se desvirtuó la imposibilidad que refiere para acatar la medida cautelar ahí otorgada en los términos precisados, de ahí que se encuentra obligada a dar cumplimiento a la suspensión definitiva, por lo que de ser omisa se le harán efectivos los apercibimientos formulados para tal efecto”, señala el resolutivo.

Al respecto, la juez Yadira Elizabeth Medina Alcántara advirtió que en caso de que la Conaliteg incumpla, dará vista al superior jerárquico y al agente del Ministerio Público de la Federación conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.

El pasado 29 de junio de este año, la impartidora de justicia determinó que las autoridades educativas no acataron la suspensión definitiva. En ese entonces dio un plazo de 24 horas para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la Conaliteg cumplieran con sentencia, lo que a la fecha no ha sucedido.

En la resolución de esa fecha, la togada apercibió que, si no se revisan los programas educativos y se verifica el contenido de los libros, se frene la impresión “para garantizar el interés superior de la infancia”.