Bogotá. En medio de una escalada de violencia generada por ataques de grupos armados irregulares, con saldo de al menos cuatro policías muertos, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) abrieron ayer en Caracas el cuarto ciclo de las negociaciones de paz que comenzaron en noviembre de 2022.
La continuación de las conversaciones entre las partes estuvo precedida de denuncias del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, sobre el descubrimiento de un supuesto plan del ELN para atentar contra su vida, lo cual fue desmentido por la dirección de esta guerrilla y puesto en duda por analistas locales ante la fragilidad de las pruebas exhibidas por el alto funcionario.
Durante la instalación del cuarto ciclo, el jefe de la delegación de paz del grupo insurgente, Pablo Beltrán, destacó que la mesa de negociaciones ha dado un salto cualitativo luego de que la partes acordaron un alto el fuego bilateral, así como la puesta en marcha de mecanismos que garantizarán una amplia participación de la sociedad civil en la construcción de un acuerdo final.
“Las fuerzas del gobierno y del ELN son pocas para poner en marcha los cambios que necesita Colombia”, dijo Beltrán, subrayando que la Comisión de Participación ya tiene 100 integrantes, “representativos de muchos sectores de la sociedad”.
También intervino en la inauguración del nuevo periodo de conversaciones la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien subrayó que “la paz de Colombia significa también la paz para América Latina y el Caribe”.
En nombre del país anfitrión, Rodríguez instó a adoptar medidas de alivio humanitario para las comunidades impactadas por el conflicto armado, calificando este propósito de algo “inaplazable y perentorio”.
Sin embargo, mientras en Caracas se oían odas a la paz, en territorio colombiano todavía se escuchaba el eco de los estruendos producidos por cargas explosivas y disparos de fusil que sacudieron varios municipios del departamento del Cauca durante el fin de semana.
El presidente Gustavo Petro viajó la mañana de ayer a la ciudad de Popayán para presidir un consejo de seguridad con autoridades civiles y militares de esta atormentada región del sur del país en la que operan dos disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares y comandos del propio ELN.
En este departamento, de población de mayoría indígena y afrodescendiente, se cultiva y procesa la hoja de coca, así como amapola y mariguana, aprovechando sus escarpadas montañas andinas y sus costas sobre el océano Pacífico.
Según informes militares, las acciones que hoy enlutan al Cauca fueron ejecutadas por frentes del denominado Estado Mayor Central de las FARC, organización que recibió hace unos meses el reconocimiento de estatus político por parte del gobierno en busca de comenzar negociaciones de paz.
En riesgo, negociaciones con disidentes de las FARC
Fuentes del gobierno y de esta guerrilla que opera en 15 departamentos del país, aseguraron a La Jornada que los acercamientos para instalar una mesa de diálogos, similar a la ya existente con el ELN, penden de un hilo, pues las partes se acusan mutuamente de ausencia de voluntad política.
Asistentes al consejo de seguridad presidido por Petro en Cauca comentaron a La Jornada que se presentó un desolador diagnóstico de la situación social del departamento, derivada –entre otras cosas– de la caída de la producción de la coca, ante lo cual el gobierno anunciará un plan de choque con inversión social de emergencia para “atenazar las economías ilícitas” y deslegitimar la acción de las fuerzas irregulares.
