Respecto a los asuntos migratorios, parece que el presidente Biden no tendrá descanso en un futuro cercano. No ha podido resolver de manera satisfactoria el problema de la llegada y el paso de indocumentados a través de la frontera sur. Su intento de establecer un mecanismo para evitar que grandes concentraciones de solicitantes de asilo acamparan a lo largo de uno y otro lado de la frontera no dejó satisfecho a nadie. Para colmo, un juez federal recientemente le ordenó suspenderlo, aunque después un tribunal colegiado desechó esa orden y confirmó la decisión de Biden. Este evento es sólo un ejemplo de las tensiones que ocasiona este fenómeno.
Dichos mecanismos, en efecto, lograron atenuar la llegada de solicitantes y disipó la alta concentración en la frontera. Muchos de quienes acampaban en las ciudades fronterizas mexicanas, esperando una cita con las autoridades, optaron por regresar a sus países para cumplir con el requisito del gobierno, o de plano desistieron de su intento. Biden fue criticado por quienes exigen detener el flujo de migrantes, argumentando que la medida es insuficiente para contenerlos y, en el otro extremo, por aquellos que consideran que es represiva, inhumana y viola el derecho internacional de asilo.
La historia está a punto de repetirse, quizá de forma ampliada. Las noticias en las últimas semanas informan que grandes caravanas de migrantes han iniciado una marcha desde Centro y Sudamérica con destino a Estados Unidos, lo que seguramente aumentará las tensiones en los gobiernos por los que cruzará la caravana, México el principal de ellos. Por lo pronto, el gobernador de Texas, haciendo honor a su carácter xenófobo, de manera irresponsable ordenó instalar boyas flotantes a lo largo del río Bravo para detener el flujo de quienes intentan atravesar por esa vía. La medida ya ha causado la muerte de dos personas y ha sido criticada acremente por legisladores y organizaciones de derechos humanos. Por su parte, el gobierno del presidente Biden entabló una demanda en contra del gobernador texano, ya que viola el principio constitucional, el cual establece que los asuntos migratorios entre naciones corresponden exclusivamente al gobierno federal y no a los estatales.
Cabe repetir que no es un misterio la causa de las grandes migraciones; innumerables estudios la han reportado y los gobiernos de la mayoría de las naciones están conscientes de ello. Algunos gobiernos han intentado paliarlas con grandes esfuerzos, pero al final del día con poca fortuna. La corrupción, la explotación y la concentración de la riqueza, el crimen y las guerras intestinas son factores determinantes en las naciones expulsoras. Pero si se atiende de forma puntual, también hay una multitud de estudios que describen que en última instancia esos factores son el resultado histórico de la extracción de la riqueza y los recursos naturales a cambio de un pago desproporcionadamente desigual, lo que ha empobrecido a muchas naciones, obligándolas a expulsar a grandes contingentes de su población.
Los países más poderosos se han concretado a defender los intereses de su industria y comercio que frecuentemente afectan los intereses de las más pobres. En cierto momento, un grupo de naciones, conscientes del problema migratorio a nivel global, trataron de implementar medidas de fondo para atenderlo. Una de esas medidas fue aportar grandes sumas de dinero para apoyar a la precaria economía de muchos países expulsores. Sin embargo, esa medida por sí sola ha demostrado ser insuficiente. Además, ese intento quedó solamente en una buena intención, entre otras cosas por las presiones de legisladores conservadores para coartar esas ayudas. Otra fórmula más efectiva es una política fiscal que aliente a las grandes corporaciones a situar su producción en los países de origen de los migrantes, siempre y cuando accedan a respetar la política laboral y fiscal de las naciones que les dan albergue. Para ello son necesarios una serie de factores que implican una acción más decidida de los gobiernos a los que asusta la interminable ola de migrantes. Es su responsabilidad y, por qué no decirlo, también su obligación.
