Monterrey, NL., La iniciativa privada de Nuevo León ha emprendido una cruzada contra la distribución de los libros de texto gratuitos, y desde las instalaciones del Club Industrial, en San Pedro Garza García, lanzaron una proclama, en la que exigen “que se respete el estado de derecho y el proceso que establece la ley para la elaboración de estos materiales; la Secretaría de Educación Pública (SEP) debería ser la primera en hacerlo”.

De acuerdo con los organizadores de esta reunión, asistieron más de 30 asociaciones, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, el Frente Amplio Nuevo León, el Núcleo Familiar y el Comité Nacional Provida.

El pasado miércoles, la Secretaría de Educación local, cuya titular es Sofialeticia Morales Garza, informó que los libros de la SEP no serán entregados en las escuelas de la entidad, hasta que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación.

En cambio, dijo, se distribuirán materiales con el distintivo “sello Nuevo Leon” que servirán como complemento a los textos oficiales, con el objetivo de fortalecer las habilidades de lectoescritura y matemáticas.

Esta decisión, indicó, se basa en una consulta estatal realizada el pasado 27 de julio, en la que se identificaron áreas de mejora en los nuevos libros de la SEP.

Gabriel Chapa Muñoz, presidente de Coparmex Nuevo León, señaló que “los contenidos deben ser resultado de un riguroso trabajo con bases científicas y pedagógicas que favorezcan el aprendizaje; México necesita educación de calidad para todos, debe ser una prioridad”.

Los integrantes de este frente solicitaron a las autoridades que se respete el amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia; de lo contrario, advirtieron, tomarán otro tipo de medidas para evitar que los nuevos materiales se utilicen en las aulas; por ejemplo, usar los del programa anterior, aunque consideraron que eso sería un retroceso debido a que los contenidos no estarán actualizados.

El sector privado y las organizaciones civiles que realizaron el posicionamiento indicaron que los textos promueven, de forma inadecuada a la madurez emocional de los alumnos, temas de educación sexual y proyectos comunitarios enfocados en una ideología política.

Los inconformes solicitaron un diálogo con las autoridades del estado, encabezadas por el gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, quien no se ha pronunciado al respecto.

Dijeron que no han tenido acercamiento con la Secretaría de Educación local.

Los quejosos critican el enfoque que se da a un acontecimiento como el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, el 17 de septiembre de 1973 al intentar secuestrarlo. “Con la defensa de las acciones guerrilleras de hace 50 años, en las que enaltece secuestros y asesinatos, a los que llama ‘ajusticiamientos’, como el crimen de don Eugenio Garza Sada, la SEP instruye a los maestros de secundaria a seguir ese legado”.