Pocos bienes públicos en la sociedad mexicana fueron motivo de largas luchas en el siglo XX y hasta nuestros días, cómo lo fue y ha sido darnos reglas del juego democrático, que en esencia guardaba el valor de una sociedad que, pese a hegemonías de estabilidad gubernamental, se empeñó permanentemente en buscar un régimen verdadero de democracia como forma de gobierno.

Fue como desde la década de 1980, el régimen hegemónico en paz social, fue cediendo a esquemas ­institucionales que, en un periodo ciertamente no corto, construyó con diferentes fuerzas políticas y sociales, reformas electorales que paulatinamente fueron ganando la confianza de la sociedad en general, del simple y complejo ­concepto de que los mexicanos supiéramos que podíamos votar, confiando en que ­nuestro voto sería contabilizado para respetar la decisión de las mayorías, a los diferentes cargos de representación, con la creatividad adicional de que quien no ganara, abordaría a ­minorías que tuvieran ­representatividad.

Después de un largo camino, abordamos desde 1997 y a la fecha, no exentos de exabruptos, a regímenes democráticos donde el árbitro electoral de corte y perfil ciudadano, en esencia, tuviera la confianza de su principal protagonista: los ciudadanos.

Es en este gobierno que, con una visión propia, intentó una reforma electoral, la cual, a diferencia de todas las anteriores, no se apostó a generar en un espacio de diálogo previo, para luego someterlo para su aprobación al Poder Legislativo. El resultado finalmente de todos conocido fue que no alcanzara los votos para su aprobación.

Hoy es preciso recordar que en ese proceso de intento de reforma se generó una notable movilización de una parte de la sociedad, la cual se manifestó en forma notoria por su rechazo, lo cual sin duda moldeó el voto de los legisladores federales en turno.

Sin duda, hoy los precedentes electorales deben llamar la atención en algo fundamental: en aras del poder, los dos bandos de una sociedad dividida en dos visiones de país están vulnerando al árbitro en procesos simulados que, guste o no, están cercenando su autoridad. Esto es algo que, a corto, mediano y sobre todo a largo plazo, podría lamentarse por igual en el proceso más grande de nuestra vida democrática, que se llevará a cabo en 2024.

Hoy, sin tomar partido, los dos grandes competidores en bloques de alianzas están inmersos en procesos internos que, incluso para el más ingenuo en política, son claramente una anticipación de la selección de un candidato presidencial, quien, salvo acontecimientos extraordinarios, será el próximo candidato a la Presidencia de la República que podrá ser registrado como tal hasta febrero de 2024.

El árbitro se ve cercenado y superado por la realidad de las fuerzas políticas a diario. Todas, en aras del poder, han decidido apartar al árbitro que, en su proceso de cambio reciente, no ha pasado de mostrar una que otra tarjeta de amonestación, que ensombrecen y lo cual no solo le resta autoridad, sino que también lo hace parecer pequeño frente a una contienda que se pronostica reñida y compleja como nunca en nuestra joven vida democrática.

Como ciudadanos, es esencial que prestemos atención a los precedentes que se están estableciendo en el ámbito electoral en nuestro país. En estos momentos, los dos bandos principales de nuestra sociedad están poniendo en riesgo la integridad del árbitro en procesos electorales simulados. Independientemente de nuestras preferencias políticas, esto es preocupante, ya que podría tener consecuencias negativas en el proceso electoral más importante de nuestra joven historia democrática: las elecciones presidenciales, más cerca de 38 mil cargos de elección popular, que se llevarán a cabo en 2024.

Los dos bloques principales de alianzas políticas están inmersos en procesos internos para seleccionar a sus candidatos presidenciales. Es evidente que gastan millones de pesos en estos procesos, que son ampliamente conocidos como una anticipación de la selección final, representan un derroche de recursos financieros y mediáticos que eclipsan los problemas fundamentales que enfrentamos como sociedad, como la seguridad y la salud.

El árbitro electoral, encabezado por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se encuentran constantemente rebasados y limitados por las fuerzas políticas. A pesar de los esfuerzos del INE y del TEPJF por mantener su autoridad e imparcialidad, su papel se ha visto reducido a la emisión de amonestaciones y sanciones menores. Esto debilita su autoridad y cuestiona su capacidad para hacer valer las reglas equitativas del juego electoral en una contienda que se prevé feroz y compleja.

Es necesario preguntarnos dónde se encuentra esa sociedad civil que se manifestó con tanta fuerza para defender al INE cuando se presentó una reforma que le daba derecho al actual régimen a presentar su iniciativa. ¿Dónde están los ciudadanos que entendieron la importancia de cuidar al árbitro y estar vigilantes de su integridad? Es crucial que esta sociedad civil se levante nuevamente para exigir que se respeten las reglas y se garantice la imparcialidad en los procesos electorales.

Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de que el poder político prevalezca sobre la imparcialidad y la transparencia, debilitando nuestra democracia y socavando la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral. Todos debemos participar activamente, sin importar nuestras preferencias políticas, para proteger y fortalecer a nuestro árbitro electoral. Es hora de recordar que el árbitro es clave para preservar la integridad y legitimidad de nuestro sistema democrático.

Respetuosamente, creo que la pregunta correcta hoy es: ¿dónde está esa sociedad civil que se indignó y salió a las calles a defender al INE ante una reforma a la que el régimen actual tenía el derecho de impulsar? ¿Dónde está esa sociedad civil que necesitamos para salir a defender y establecer que debemos cuidar al ­árbitro?