El Estado participa como uno de los principales gestores en la extracción del agua, opera en complicidad con empresas privadas y genera instrumentos que legalizan el despojo, advirtieron representantes de comunidades al concluir ayer la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, convocada por el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno.

El encuentro se realizó en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, donde acudieron habitantes de esa alcaldía, de las de Tláhuac y Milpa Alta, así como de Xoco y zonas de la Ciudad de México y de otras entidades. La cuarta asamblea será en Tlaxcala, dentro de seis meses.

Los asistentes acordaron reforzar el intercambio de saberes en los pueblos, desmontar la narrativa del progreso y crear una comisión de enlace para gestionar el trabajo de las comunidades desde un frente unido.

En las mesas de trabajo discutieron sobre los mecanismos para el despojo de agua; leyes y programas gubernamentales que buscan desaparecer pueblos originarios, y militarización y aumento de la violencia.

Una de las conclusiones señaló que “la problemática fundamental es la voracidad del desarrollo”.

Según las ponencias, el trasvase o conducción del agua hacia las ciudades causa la derivación del líquido a las cuencas y genera un desastre ecológico y ambiental. Esto lleva a que a lo largo del territorio nacional se formen socavones y haya escasez.

Resaltaron que el despojo del agua comenzó con la municipalización del servicio, con lo cual el Estado tomó control de este medio de vida.

“Con el neoliberalismo se permitió el saqueo con concesiones a empresas privadas y se dejó sin acceso de agua a los sistemas comunitarios. El agua se distribuye de manera injusta, privilegiando a la industria, al sector turístico y el desarrollo urbano”, indicó una de las exposiciones.